La nota trata sobre tres mujeres cuyo crimen vuelve a preguntarnos por las fallas del sistema: Agostina Vega, Dulce Candia y Noelia Rivero, mencionadas en la cobertura de LA NACIÓN del 5/6/2026. Ese dato concreto —tres nombres— obliga a mirar tanto lo singular de cada historia como la arquitectura institucional que permite que la violencia escale (LA NACIÓN, 5/6/2026).

¿Por qué seguimos llegando tarde?

Lo que la indignación televisiva no alcanza a resolver es la fragmentación informativa y la ausencia de estándares de evaluación. Vemos señales repetidas: alertas de riesgo que no se comparten, medidas cautelares que no se monitorean y equipos interdisciplinarios que funcionan por jurisdicción, no por riesgo real. Argentina tiene 24 jurisdicciones —23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— lo que exige protocolos interoperables y registros comunes para que una alerta no quede atrapada en la oficina equivocada (Gobierno de la Nación).

El fenómeno no se reduce a la punición: lleva 17 años desde la sanción de la ley 26.485 contra la violencia hacia las mujeres (2009 vs 2026), y esa trayectoria debe leerse como una comparación temporal que revela avances normativos pero déficits operativos (Boletín Oficial, Ley 26.485, 2009). Sin datos abiertos y seguimiento público no hay forma de saber qué está funcionando y qué no.

Qué falla en la coordinación estatal

La cobertura recuerda la existencia de dispositivos útiles, como la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, pero también muestra sus límites cuando la información circula fragmentada. Es habitual que buenas prácticas queden aisladas: una evaluación interdisciplinaria en un tribunal no siempre llega al centro de salud, a la comisaría o al equipo de trabajo social de otra jurisdicción.

La experiencia comparada —mencionada en la pieza con Canadá— indica que los comités de revisión de muertes domésticas y las unidades interinstitucionales reducen letalidad cuando combinan datos, formación continua y responsabilidad profesional. La lección no es crear más normas sino invertir en la integración de sistemas, la formación obligatoria y la publicación de los protocolos y su financiamiento en formatos abiertos para permitir auditorías independientes.

Qué podemos exigir ahora

No alcanza con lamentar. Pedimos medidas precisas y verificables: 1) un registro nacional interoperable de riesgo con acceso restringido pero rastreable, 2) evaluación anual pública de protocolos y recursos, 3) formación obligatoria y constatable de operadores judiciales y de seguridad. Es imprescindible que los programas que existen sean publicados con su presupuesto y resultados; sin eso, no se puede medir impacto ni replicar lo que funciona.

También exigimos que la reparación y la atención a sobrevivientes formen parte de la inversión: salud mental pública accesible, seguimiento social y acompañamiento a largo plazo. Estas demandas enlazan con posiciones previas sobre salud pública y datos abiertos: la prevención eficaz pide políticas integradas y transparencia.

Una propuesta mínima para no seguir llegando tarde

La política pública mínima que proponemos combina cinco elementos: interoperabilidad de registros entre las 24 jurisdicciones, mesas de coordinación locales con plazos y metas públicas, comités de revisión interdisciplinarios con participación civil, publicación en formatos abiertos de programas y financiamiento, y evaluaciones independientes cada 12 meses. Cada punto busca transformar la indignación en capacidad operativa.

No es romántico creer que la burocracia sola salvará vidas, pero sí es realista exigir que la indiferencia deje de ser una opción institucional. Como dijo la reflexión citada en la cobertura, la seguridad absoluta no existe; la indiferencia, en cambio, es una elección. Exigir datos, auditorías y coordinación es cambiar esa elección por responsabilidad pública (LA NACIÓN, 5/6/2026; Boletín Oficial, Ley 26.485, 2009; Gobierno de la Nación).