Se sospecha que la filtración y venta de preguntas del Examen Integrado de Residencias de 2025 alteró resultados y motivó la digitalización del examen de 100 preguntas (La Nación, 16/5/2026).

¿Qué cambió y por qué importa?

Vemos tres cambios concretos: el examen dejó el papel, tendrá formato digital en tabletas y constará de 100 preguntas de selección múltiple (La Nación, 16/5/2026). Además, la ponderación del puntaje final se modificó: se aplicará la fórmula (E x 0,5) + P, donde E es la nota del examen y P el promedio de la carrera, con un tope de 10 puntos para ese promedio y un plus de 5 puntos para quienes cursaron en la Argentina (La Nación, 16/5/2026). Estos números no son neutros: reducen el impacto absoluto del examen y aumentan el peso del expediente académico. El cambio responde, según la nota, a denuncias por venta de preguntas y a una filmación con gafas inteligentes por parte de un postulante, que motivó una denuncia penal (La Nación, 16/5/2026).

¿Cómo afecta esto a quienes rinden y al sistema?

La digitalización promete cadenas de custodia distintas: menos papel, pero nuevos riesgos técnicos y de seguridad informática. La medida de pasar a tabletas busca evitar trampas físicas, pero si las filtraciones provinieron de instancias administrativas —como sugieren las versiones sobre chats y supuestas filtraciones desde el Ministerio— entonces el problema es de gobernanza, no solo de soporte técnico (La Nación, 16/5/2026). Paralelamente, la fórmula que pondera en 50% la nota del examen frente al promedio de la carrera cambia incentivos académicos: premia consistencia curricular y, de paso, incorpora una ventaja explícita para quienes estudiaron en la Argentina (+5 puntos) (La Nación, 16/5/2026). Los egresados firmaron una carta pidiendo revalidar notas de quienes obtuvieron calificaciones inusualmente altas, lo que muestra desconfianza pública y riesgo reputacional para las residencias y las facultades (La Nación, 16/5/2026).

¿Qué pedimos: auditoría, datos abiertos y política de especialidades?

Lo que nadie cuenta es que las soluciones técnicas no alcanzan si faltan transparencia y datos. Pedimos tres medidas inmediatas: 1) una auditoría independiente sobre la cadena de custodia de los exámenes de 2025 y 2026; 2) publicación de métricas agregadas y anónimas —tasas de aprobación por especialidad, distribución de puntajes y comparaciones año a año— para que se pueda verificar si los resultados fueron “muy por encima del promedio de los años anteriores” (La Nación, 16/5/2026); y 3) publicación del acta constitutiva y composición del Comité de Adhesión al Examen Integrado (CAEI) que fijará contenidos y criterios (La Nación, 16/5/2026). Sin datos abiertos, cualquier ajuste se percibirá como cosmético.

Además, el diseño de las políticas sanitarias debe atender cupos y estímulos en especialidades con baja inscripción —terapia intensiva, clínica médica, pediatría, neonatología y geriatría fueron mencionadas en la nota— para anticipar brechas ante el envejecimiento poblacional y migración de profesionales (La Nación, 16/5/2026). Si la educación pública es en la práctica pagada por la sociedad, exigimos que su selección y adjudicación sean verificables y defendibles ante la ciudadanía. Observamos que sin estas garantías, cualquier reforma técnica corre el riesgo de ser solo una promesa que no reconstruye confianza.

Cierre: por qué importa más que un examen

No se trata solo de preguntas y respuestas: es la legitimidad de un sistema de formación de salud pública. La sociedad financia la formación y merece reglas claras, controles audibles y datos abiertos. Si no exigimos eso, la digitalización será un cambio de envase que no limpia el contenido. Exigimos transparencia, auditorías y políticas públicas que vinculen formación, evaluación y planificación de especialidades antes de que la próxima convocatoria vuelva a generar sospechas.