El Gobierno se comprometió ante el staff técnico del Fondo Monetario Internacional a presentar antes de fines de 2026 una propuesta de reforma tributaria y acordó dejar la reforma del sistema previsional para después de 2027, según el memorando de políticas económicas y financieras del FMI. El documento incluye metas estructurales y recomendaciones sobre impuestos, retenciones y gobernanza fiscal. Mantener la cautela sobre el alcance político y judicial de estas definiciones es necesario: exigimos verificación de textos, actas y registros antes de evaluar consecuencias.
¿Qué prometió el Gobierno al FMI?
El memorando del staff técnico del FMI recoge el compromiso explícito de enviar una iniciativa destinada a “mejorar la eficiencia y simplicidad del sistema tributario” y a racionalizar gastos tributarios costosos, con el objetivo de “eliminar gradualmente impuestos distorsivos” sobre comercio y transacciones financieras. El fondo estima que una eventual reforma podría generar ganancias equivalentes al 3,3% del PBI por la eliminación de exenciones, cambios en el impuesto a las ganancias y mayor recaudación provincial, según el propio documento del FMI. El texto evita nombrar tributos puntuales pero abre la discusión sobre retenciones y el impuesto al cheque, y aclara que el proceso será gradual y coordinado con las provincias. Fuentes del Palacio de Hacienda confirmaron al FMI que cualquier baja de impuestos nacionales deberá estar acompañada por recortes provinciales y municipales para reducir el llamado “costo argentino”.
¿Cómo impacta esto en las provincias y en las retenciones?
El staff técnico subraya que Argentina tiene un esquema impositivo complejo: más de 155 impuestos y una elevada dependencia de tributos indirectos y regímenes especiales, según el memorando. El documento afirma además que más de un cuarto de la recaudación depende de impuestos que considera distorsivos, como derechos de exportación, tributos sobre transacciones financieras e ingresos brutos provinciales. En ese marco, el FMI sugiere explorar un reemplazo gradual de Ingresos Brutos por un IVA dual nacional-provincial, citado como modelo posible comparado con India o Brasil. El reporte añade que eliminar retenciones podría aumentar exportaciones agroindustriales en torno al 10%, aportar unos US$5.000 millones anuales de divisas y sumar alrededor de 0,4 puntos porcentuales al PBI, estimaciones que el staff adjunta al memorando. La coordinación con gobernadores será clave: el Ministerio de Economía ya inició conversaciones para avanzar hacia un nuevo consenso fiscal.
¿Qué queda para la reforma previsional y por qué se posterga?
El memorando establece que la reforma del sistema de pensiones se comenzará a desarrollar a fines de diciembre de 2027, es decir, después del próximo ciclo electoral, y su objetivo declarado es mejorar sostenibilidad, vincular aportes con prestaciones y proteger a los más vulnerables. El fondo advierte que el gasto en pensiones representa aproximadamente el 45% del presupuesto federal y proyecta que esa presión aumente con las tendencias demográficas y la desinflación, según el staff técnico del FMI. A diferencia de los cambios en la fórmula de movilidad introducidos en 2024, que el FMI consideró fundamentales para contener el gasto previsional, la Casa Rosada optó por postergar una reforma estructural hasta consolidar mayores niveles de formalidad laboral y los efectos de la reforma tributaria. Esa decisión traslada el debate previsional al período posterior a 2027, con implicancias políticas evidentes.
¿Qué puede pasar ahora: riesgos y próximos pasos?
El acuerdo incorpora otras obligaciones formales: enviar un presupuesto 2027 consistente con una regla de déficit cero y aportar un marco fiscal de mediano plazo con escenarios de riesgo y proyecciones plurianuales, según el memorando del FMI. El Gobierno también se comprometió a avanzar en un sistema integrado de información tributaria para mejorar el monitoreo y fortalecer controles sobre grandes contribuyentes, además de continuar la modernización de la gobernanza y comunicación del Banco Central. Los riesgos son políticos y técnicos: la implementación exige coordinación fiscal con las provincias, modificaciones legales y aceptación social, mientras que los beneficios proyectados —3,3% del PBI por reformas tributarias o US$5.000 millones por baja de retenciones— dependen de diseño y ejecución. Mantenemos cautela: exigimos verificación de textos, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial. Resta confirmar los textos finales y seguir la negociación con mandatarios provinciales y el Congreso.
