El Gobierno calificó a la Marcha Federal Universitaria como “completamente política” y anunció la creación de una comisión para rediseñar el criterio de distribución de una partida de casi 80.000 millones de pesos que, según los funcionarios, no fue ejecutada en 2026, dijeron la ministra Sandra Pettovello y el subsecretario Alejandro Álvarez a LA NACION.
Qué dijeron los funcionarios
Pettovello y Álvarez recibieron a la prensa en la sede de Capital Humano y defendieron su enfoque técnico sobre la distribución de recursos universitarios. Álvarez afirmó que “el 95%” de la partida se la reclama la Universidad de Buenos Aires, y sostuvo que se necesita un criterio objetivo para asignar fondos entre hospitales universitarios, según LA NACION. Los funcionarios dijeron que en abril se giraron $150.388.873 para el funcionamiento de los hospitales universitarios, pero que la partida de refuerzo —casi $80.000 millones— no fue ejecutada hasta ahora (fuente: Capital Humano citada por LA NACION). También recordaron que su proyecto prevé un aumento salarial del 12% en tres tramos, según lo expresado por Álvarez.
¿Qué reclaman las universidades?
Los organizadores, entre ellos el titular del Consejo Interuniversitario Nacional, exponen como eje la exigencia de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y alertan sobre una caída en las transferencias. “Desde 2023 hasta la actualidad las transferencias al sistema universitario cayeron un 45,6%”, dijo el CIN, según la cobertura de la movilización. La marcha, convocada para Plaza de Mayo el martes a las 17, tendrá además presencia de partidos políticos y sindicatos, según LA NACION. Los rectores sostienen que la merma afecta el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio y reclaman cumplimiento normativo; el reclamo judicial está hoy en la Corte Suprema, mientras que en el Congreso hay un proyecto alternativo trabado. Los rectores ratificaron la movilización en su comunicado, como informó este medio el 11/5 (ver: “Rectores ratifican la cuarta Marcha Federal Universitaria por financiamiento”).
Datos en disputa y números clave
En el centro del debate hay varias cifras citadas por ambas partes, pero con interpretaciones distintas. El ministerio cuestiona los cálculos “a peso constante” que usan los reclamantes y sostiene que, ajustando por inflación, el Estado actualizó salarios universitarios “muy por encima del promedio del Estado”, según Álvarez (LA NACION). Los rectores aportan el dato del 45,6% de caída en transferencias (CIN). Capital Humano también afirmó que históricamente alrededor del 70% de la partida adicional se volcaba a la UBA, que concentra al menos seis instituciones con hospitales universitarios (Clínicas, Roffo, Lanari, entre otros), y que algunas provincias recibían “cero”. Sobre la ley de financiamiento, Álvarez insistió: “La única ley que nosotros vamos a cumplir es la ley de Presupuesto”, y recordó que la cuestión pasó por la vía judicial.
Qué sigue y posibles consecuencias
Los ministros anunciaron que en “las próximas semanas” constituirán una comisión con representantes de las universidades que tienen hospitales para consensuar criterios objetivos de distribución. Prometieron, además, publicar los datos de movimientos, alumnos y gastos; “en unas semanas toda la gente va a poder acceder”, dijo Pettovello (LA NACION). La creación de la comisión puede descomprimir la protesta si logra acuerdos técnicos, pero también corre el riesgo de enmarcar la discusión en términos técnicos que los rectores y sindicatos interpretan como unilateralidad. La judicialización en la Corte Suprema y el proyecto alternativo detenido en el Congreso agregan capas institucionales que podrían demorar soluciones. Mantenemos cautela: exigimos verificación del texto final, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial.
