El Gobierno presentó el 27 de abril de 2026 a representantes de la cadena agropecuaria una propuesta para fortalecer la fiscalización en semillas, con participación del sector privado en los controles y la integración de los puntos de entrega primaria al Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), según informó LA NACION. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, la Secretaría de Agricultura y el INASE, no modifica la ley vigente pero introduce herramientas operativas para el control de nuevas variedades inscritas desde ahora.
¿Qué propone el Gobierno?
La propuesta oficial plantea que el Instituto Nacional de Semillas (INASE) suscriba convenios con entidades habilitadas para realizar controles y análisis de identidad varietal, cuyos resultados serán remitidos a los titulares de las variedades, quienes podrán efectuar denuncias ante el organismo, según LA NACION. En la reunión del 27/4/2026 participaron el ministro Federico Sturzenegger, el secretario Sergio Iraeta y el director del INASE, Martín Famulari, junto con representantes de la Mesa de Enlace y de la cadena semillera: la nota nombra a SRA, Coninagro, FAA, CRA, ASA, CREA y Aapresid, entre otros (nueve actores explícitos según LA NACION). El eje operativo central es concentrar controles en acopios, plantas de procesamiento y puertos como ‘primer punto de entrega’, y articular esos puntos con la trazabilidad fiscal ya existente en el SISA.
¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?
El esquema busca facilitar la incorporación de nuevas tecnologías en semillas y mejorar el respeto a la propiedad intelectual en cultivos autógamos como la soja y el trigo, según fuentes oficiales citadas por LA NACION. Entre los instrumentos normativos invocados figuran las resoluciones conjuntas 4248/2018 y 5673/2025, que obligan al registro de establecimientos que operan como puntos de entrega primaria en el SISA. El uso de métodos de identificación varietal reconocidos por el INASE y el resguardo de muestras de respaldo están previstos para dar trazabilidad a los análisis; los resultados podrán derivar en denuncias y en sanciones conforme al artículo 38 de la Ley 20.247, informó el Ministerio. La adopción de las nuevas variedades será opcional para cada productor, lo que deja margen para que la medida afecte de distinto modo a productores que utilicen semillas de semillas mejoradas frente a quienes no lo hagan.
¿Qué preguntas quedan abiertas?
Quedan pendientes aspectos operativos y de transparencia que condicionarán el alcance real del esquema. No está claro quién financiará los análisis varietales en cada eslabón, cómo se garantizará la independencia técnica de las entidades habilitadas ni cuál será el plazo para que el INASE procese denuncias, según fuentes consultadas por LA NACION. Tampoco se difundió aún el texto de los convenios ni las actas que documenten compromisos técnicos y de intercambio de información. A diferencia de 2018, la resolución 5673/2025 incorpora un mayor vínculo con el SISA, pero exigimos verificación de metodologías y registros antes de atribuir consecuencias concretas al cambio normativo. En este punto, la exigencia de transparencia sobre protocolos y registros es central para evaluar impacto y responsabilidad.
El anuncio combina medidas administrativas con la participación privada en controles que históricamente fueron públicos. Sobre el papel, concentrar controles en puntos de entrega primaria puede aumentar eficiencia de monitoreo; en la práctica, su efectividad dependerá de la periodicidad de los muestreos, de las metodologías de identificación varietal reconocidas por el INASE y de la capacidad de respuesta administrativa. Mantenemos cautela: exigimos verificación del texto final, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial, y seguiremos la publicación del texto de los convenios y los procedimientos del INASE como paso previo a cualquier conclusión definitiva.
