Página|12 publicó el 4/6/2026 que el Gobierno busca convertir a la Argentina en un paraíso fiscal para empresas de inteligencia artificial (Página|12, 4/6/2026). Vemos la nota como una señal de que existe un debate público, pero repetimos una posición previa: mantenemos cautela y exigimos verificación de textos, actas y anexos antes de evaluar alcance político, judicial o electoral.
¿Qué dice la nota y qué falta verificar?
La pieza de Página|12 sostiene que el Ejecutivo impulsa incentivos fiscales dirigidos a empresas de IA (Página|12, 4/6/2026). Esa afirmación, de confirmarse, podría implicar cambios en alícuotas, exenciones temporales o regímenes especiales. Lo primero que corresponde es obtener el texto del proyecto o la resolución y las actas donde se discutió; sin esos documentos no se puede precisar alcance ni beneficiarios. Recordamos además un marco internacional relevante: el acuerdo de la OCDE de 2021 fijó un piso mínimo global de impuesto de sociedades del 15% (OCDE, 2021). Esa cifra sirve como referencia externa al analizar propuestas que modifiquen la tributación de capitales internacionales.
¿Cómo sería el cambio fiscal y qué referencias hay en el país?
Cualquier reforma que grave o exima actividades de IA debe compararse con la estructura tributaria vigente. Según la Administración Federal de Ingresos Públicos, la alícuota nominal del impuesto a las ganancias para sociedades figuraba en 35% en las últimas publicaciones oficiales consultadas por este medio (AFIP, datos vigentes). Comparar 35% con el piso de 15% acordado en la OCDE (2021) ayuda a calibrar si una propuesta local representaría una rebaja efectiva respecto del nivel corriente. En ausencia del texto del proyecto no podemos confirmar si se propone una baja de la alícuota, exenciones temporarias, o incentivos por zonas y duración. Exigimos que se publiquen anexos técnicos con estimaciones de costo fiscal y beneficiarios para medir impacto presupuestario.
¿Cómo impactaría en la economía y en la política legislativa?
Un cambio que favorezca a empresas de IA podría atraer inversiones, pero también reducir ingresos fiscales. El cálculo del impacto requiere estimaciones de flujos de inversión esperados y del diferencial fiscal neto; sin esos números cualquier afirmación es especulativa. En términos institucionales, el Senado de la Nación tiene 72 miembros y cualquier proyecto que pase al Congreso necesitará mayorías específicas según el tipo de norma (Honorable Cámara de Senadores, sitio oficial). Además, la discusión incluirá voces del ministerio de Economía, AFIP y representantes del sector privado. La mera circulación de una propuesta en prensa no equivale a un texto legislativo; por eso reiteramos la necesidad de acceder a actas y anexos para evaluar efectos concretos.
Qué pedimos y qué sigue
Pedimos tres pasos concretos: 1) publicación del texto del proyecto o la normativa administrativa citada por la nota; 2) difusión de las actas y anexos con las cifras de costo fiscal y beneficiarios; 3) audiencias públicas con representantes del sector de software y universidades para discutir impacto laboral y de exportaciones. Mantener la transparencia es condición para cualquier debate informado. Seguiremos la cobertura si se presentan documentos oficiales y, hasta entonces, mantenemos cautela: exigimos verificación de textos, actas y anexos antes de evaluar alcance político, judicial o electoral.
