El Gobierno y las entidades del campo comenzaron una mesa técnica para discutir una nueva ley de semillas y, según LA NACION, ‘‘se desmenuzaron punto por punto’’ las propuestas presentadas en Expoagro. La reunión del martes contó con funcionarios de la Secretaría de Agricultura y técnicos de la Mesa de Enlace; los dirigentes coincidieron en que hay ‘‘un proceso de acercamiento’’ pero también diferencias clave, especialmente sobre la adhesión a UPOV-1991.
Qué se discutió en la mesa técnica
En el encuentro participaron el secretario Sergio Iraeta, el presidente del INASE Martín Famulari y representantes de al menos seis entidades rurales (SRA, CRA, FAA, Coninagro, CREA y Aapresid), además de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) que fue convocada según LA NACION. Los técnicos repasaron la propuesta de la Mesa de Enlace artículo por artículo; el artículo 27 de ese texto mantiene el uso propio gratuito hasta 500 hectáreas, y establece que la superficie excedente pagará regalías, según la misma fuente.
La presencia institucional es relevante: la ley vigente es la Ley N° 20.247 sancionada en 1973, hace 53 años; ese dato sitúa la discusión en perspectiva temporal y explica la demanda de los productores por una norma actualizada. El Gobierno, según fuentes oficiales citadas por LA NACION, propone además un plan de fortalecimiento del control a través del INASE.
¿Cómo impacta esto en el productor argentino?
El punto práctico que más preocupa a productores y técnicos es el esquema de uso propio y su tope de 500 hectáreas. Federación Agraria propuso mantener el marco de UPOV-78 y «uso propio gratuito hasta las 500 hectáreas», mientras que la Mesa de Enlace en su texto propone límites específicos y reglas para la multiplicación con pago de regalías, según LA NACION. Un cambio hacia UPOV-1991, que extiende derechos de obtentores, podría exigir autorizaciones para reutilizar semilla y ampliar controles sobre el grano cosechado, según análisis citados por las partes.
En términos de costos, las entidades advierten que mayores restricciones podrían aumentar los pagos de regalías y concentrar la oferta de semillas en menos empresas. El debate también incluye cómo fiscalizar: los dirigentes reclamaron “un fuerte control y fortalecimiento del INASE” y pidieron que el Estado defina procedimientos claros para evitar litigios y distorsiones de mercado.
Qué sigue y cuáles son los puntos de tensión
Las partes acordaron continuar con reuniones en los próximos días y consensuar lo que se envíe al Congreso; Castagnani destacó que ‘‘lo que se mande al Congreso se va a consensuar con la Mesa de Enlace’’, según LA NACION. Los puntos de mayor fricción son la adhesión a UPOV-1991, el tratamiento de los obtentores y la definición precisa del umbral de uso propio (500 ha en la propuesta del sector). También falta instrumentar la participación formal de la industria semillera (ASA), que fue convocada pero aun no tiene fecha confirmada para integrarse a la mesa.
El calendario legislativo condicionará los tiempos: el gobierno nacional anunció acuerdos internacionales vinculados a la materia la semana previa a la reunión, y cualquier proyecto que llegue al Congreso deberá afrontar debate político y técnico. Para seguir la traza parlamentaria es útil recordar dinámicas recientes de habilitación legislativa por parte del oficialismo (ver nota previa sobre la estrategia en Diputados: https://prensalibreonline.com.ar/politica/el-oficialismo-habilitara-diputados-para-la-reforma-de-la-le-2026-04-07). Mientras tanto, lo que corresponde es seguir verificando textos, actas y peritajes antes de extraer conclusiones políticas o judiciales.
