Doce miembros de la comunidad mapuche Campo Maripe fueron imputados por la fiscalía neuquina por haber bloqueado una cantera en Añelo, en el área del yacimiento de Vaca Muerta, durante una ocupación que según la acusación se extendió del 24 de enero al 5 de marzo; el juez de Garantías fijó un plazo de investigación de cuatro meses e impuso medidas de coerción para impedir la reiteración de los hechos, informó LA NACION y el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén.
¿Qué pasó y qué cargos se formularon?
La fiscalía de Neuquén, con el fiscal Pablo Vignaroli y la asistente letrada Tanya Cid, imputó a 12 personas por el delito de turbación de la posesión (artículo 181 inciso 3 del Código Penal), atribuyendo la condición de coautores, y solicitó medidas de coerción por el mismo lapso de la investigación; el equipo de Delitos Económicos integrado por la fiscal Rocío Rivero y la agente Aylinne Mora Marcos presentó como evidencia denuncias, testimonios, actas policiales, registros audiovisuales y documentación sobre la titularidad del inmueble, según el comunicado del MPF citado por LA NACION. La fiscalía sostiene que, el 24 de enero, los imputados y otras personas no identificadas interceptaron y amenazaron a trabajadores, colocaron vehículos sobre el camino de ingreso y obligaron a los operarios a retirarse, y que la ocupación impidió la explotación durante 41 días entre ambas fechas.
¿Qué dicen la fiscalía y la comunidad mapuche?
La acusación formal describe el bloqueo, las amenazas y el perjuicio económico para la explotación de áridos; por su parte la defensa rechazó los cargos, se opuso a las medidas cautelares e intentó recusar a la jueza de Garantías Carina Álvarez, planteo que fue rechazado por la magistrada, según LA NACION. Desde la comunidad Campo Maripe se respondió que “Seis horas para desalojar 140 años de historia” es una medida insuficiente y responsabilizaron a la Justicia y al poder político por proteger intereses petroleros sin garantizar la consulta previa, libre e informada; dijeron además que lo que se disputa no es sólo una cantera sino un modelo que, según su versión, criminaliza a las comunidades cuando defienden su tierra. Ambas versiones están registradas en las actuaciones citadas por el Ministerio Público Fiscal.
¿Qué implica esto para Vaca Muerta y la política de hidrocarburos?
El episodio suma una disputa local a un escenario mayor donde la regulación de actividades extractivas está en debate público; cambios recientes en política energética y regímenes de hidrocarburos han sido informados por la prensa regional, por ejemplo sobre medidas administrativas que afectan la zonificación y los regímenes especiales de explotación (ver nota en Diario Santa Fe). En términos concretos, la causa judicial no modifica por sí misma permisos o concesiones pero puede condicionar operaciones si se mantienen bloqueos o si aparecen medidas cautelares con orden de desalojo ejecutable por la fuerza pública; la fiscalía ya requirió que los imputados se abstengan de realizar actos que afecten la posesión, que no bloqueen caminos y que no contacten al denunciante ni a sus trabajadores, según el MPF. Para evaluar impactos económicos directos sería necesario cotejar volúmenes de explotación y contratos de la empresa denunciante, documentación que no está incluida en la comunicación oficial citada por LA NACION.
¿Qué sigue en la investigación y qué preguntas quedan abiertas?
El juez fijó un plazo de cuatro meses para la instrucción, periodo durante el cual la fiscalía podrá ampliar pruebas y la defensa presentar pruebas en contrario; las medidas de coerción rigen por ese mismo lapso y prohíben el contacto con el denunciante y el bloqueo del predio, según la resolución informada. Quedan pendientes la verificación de la titularidad registral del lote, el análisis de los registros audiovisuales y actas policiales mencionadas por la fiscalía, y la comprobación de si se cumplió o no el procedimiento de consulta previa reclamado por la comunidad, cuestionamiento que la propia comunidad elevó en sus declaraciones. Mantenemos cautela: exigimos verificación del texto final de la causa, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial, y registramos que la situación puede derivar en medidas civiles, penales o administrativas dependiendo del resultado de la instrucción.
