El Consejo Federal de Intendentes (Cofein) se reunió en San Miguel de Tucumán y emitió un comunicado en el que reclama la distribución de recursos del impuesto a los combustibles, señalando que la Nación retuvo 120.000 millones de pesos que «correspondían a provincias y municipios», según el documento reproducido por La Nación. El texto advierte además que en los últimos dos años se cerraron 22.608 empresas y que 300.000 personas quedaron en situación de desempleo, datos que el Cofein incluye para dimensionar la presión sobre las administraciones locales.
¿Qué reclaman exactamente los intendentes?
El reclamo central es una reformulación del reparto de recursos: el Cofein sostiene que la participación impositiva de los municipios es apenas del 3%, frente al 75% que concentra la Nación, y exige que se computen la cantidad de habitantes y los servicios que prestan los distintos niveles del Estado, de acuerdo al comunicado citado por La Nación. En el documento también se incluye una cifra sobre Adelantos del Tesoro Nacional (ATN): durante 2025, «quedaron sin distribuir 740.356 millones de pesos», según la misma fuente. Los firmantes —22 ciudades de 16 provincias— piden además mecanismos previsibles de transferencia para garantizar salud, educación y asistencia social, tareas que, dicen, hoy recaen desproporcionadamente en municipios.
¿Qué dijo el Gobierno y cuál es el punto legal en disputa?
Según la misma nota periodística, el ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó gravámenes municipales que «no corresponden por ley» por falta de contraprestación y señaló que algunos municipios bonaerenses —Lanús, Pilar, Luján, Hurlingham, Bahía Blanca y Quilmes— aplican tasas que impactan en los precios al consumidor. El Gobierno plantea que la ausencia de contraprestación vulnera principios legales de la tributación municipal; los intendentes responden que la falta de transferencias obliga a gravar actividades locales. En este cruce hay, por ahora, afirmaciones contrapuestas: las cifras que cita el Cofein provienen de su propio documento y la postura del ministro fue difundida por La Nación. No hemos podido verificar de forma independiente la metodología usada para calcular las retenciones denunciadas.
¿Cómo impacta esto en la prestación de servicios locales?
Los intendentes advierten que la caída de ingresos combinada con mayor demanda de servicios obliga a recortar o reorientar gastos locales. El comunicado menciona que, salvo giros automáticos, el Gobierno nacional retiene fondos que, según el Cofein, corresponderían a provincias y municipios; esa retención se ejemplifica con los datos de ATN de 2025. En la práctica, municipios con escasa capacidad de recaudación propia —la participación del 3% mencionada en el documento— dependen de transferencias para sostener salud, transporte y asistencia social. El argumento técnico es que un reparto distinto reduciría la necesidad de nuevas tasas y amortiguaría el impacto sobre pymes y consumidores, aunque faltan cifras públicas que verifiquen cuánto aliviaría cada esquema alternativo.
Qué sigue: vías de tensión y posibles salidas
Las opciones políticas inmediatas son tres: negociación federal para acordar un nuevo reparto; litigio judicial sobre la legalidad de ciertos tributos municipales; o mantenimiento del statu quo con incremento de reclamos locales. El Cofein propone abrir una discusión de fondo sobre el esquema impositivo y el federalismo fiscal; el Gobierno, por su parte, insiste en la aplicación de la ley vigente y en la revisión de tasas municipales. En la reunión de San Miguel de Tucumán participaron intendentes como Pablo Javkin (Rosario) y Julio Alak (La Plata), y autoridades que representaron a 22 ciudades; ese número ilustra el alcance del reclamo, pero no reemplaza la necesidad de documentación técnica. Mantenemos cautela: exigimos la publicación y verificación documental de los cálculos de retenciones, los listados de ATN y la metodología usada por las partes antes de sacar conclusiones sobre alcance fiscal o político.
