La investigación judicial que motivó pedidos de detención vincula al gobierno de Santiago del Estero con transferencias por más de $1.200 millones durante 2024 y 2025 a empresas vinculadas a Pablo Toviggino, según el dictamen del fiscal federal Pedro Simón reproducido por La Nación. El expediente apunta en particular a la firma Segon SRL y a una operatoria de cobros y redistribuciones bancaria que, según el fiscal, dificulta la trazabilidad de los fondos.
Qué mostró la investigación
El dictamen del fiscal Pedro Simón, citado por La Nación, detalla que en 2024 hubo más de 50 transferencias desde la provincia a Segon por un total de $633.550.169,32 (según el propio dictamen). El contrato publicado en el Boletín Oficial el 5 de junio de 2024 adjudicó a Segon el servicio de seguridad del Hospital Regional Ramón Carrillo por un monto inicial de $380.160.000 a 12 meses (Boletín Oficial, decreto 5 de junio de 2024). Aun así, la gobernación transfirió a Segon $609.385.635,24 solo en 2024, según el dictamen, y las transferencias provinciales a empresas vinculadas superan los $1.200 millones en el periodo 2024-2025, de acuerdo a la publicación de La Nación.
El informe agrega que Segon empezó a facturar en 2022 por $45.547.600,76, de los cuales $33.233.000 procedieron de la provincia en ese año, y que la sociedad cambió socios hasta quedar controlada por SOMA SRL, vinculada a Toviggino. Además, se registra que el 95% de los fondos netos percibidos en la cuenta analizada se transfería a otras cuentas en menos de 48 horas, lo que, según el fiscal, dificulta seguir la pista del dinero.
¿Qué responsabilidad tiene el gobierno provincial y quién respondió?
El decreto que adjudica el servicio lleva la firma del gobernador Gerardo Zamora, del vicegobernador Elías Miguel Suárez y de la ministra Natividad Nassif, según el Boletín Oficial del 5 de junio de 2024. La Nación consignó que, al momento de publicar la nota, no obtuvo respuesta del gobierno provincial; tampoco se registró respuesta del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, cuando fue consultado por el medio. En tanto, la Municipalidad de Frías figura como otra fuente de transferencias a Segon en los registros citados por el fiscal.
Los montos y la cronología plantean una cuestión concreta: en 2024 las transferencias a Segon ($609.385.635,24) exceden el monto del contrato publicado ($380.160.000), según el dictamen y el Boletín Oficial. Eso obliga a pedir actas, expedientes de contratación, certificados de prestación y contabilidades internas para entender si hubo ampliaciones, pagos indebidos o servicios adicionales debidamente autorizados. Mantener cautela es imprescindible: antes de evaluar alcance político o judicial, corresponde verificar textos finales, actas y registros administrativos, tal como hemos señalado previamente.
Consecuencias judiciales y políticas
El fiscal Simón pidió la detención del tesorero y del presidente de la AFA y atribuye a los imputados haber integrado una asociación ilícita y una maniobra de lavado que se remonta a 2018, con tres fuentes señaladas de fondos presuntamente ilícitos: una defraudación contra la AFA, la emisión de facturas presuntamente falsas para pagar menos impuestos y operaciones cambiarias en el mercado informal, según la descripción de la acusación citada por La Nación. El expediente examina también compras de inmuebles, vehículos y empresas vinculadas, y registra movimientos en una mutual y en cuentas de terceros por montos como $5.900.000 transferidos el 29 de diciembre de 2025 (según el dictamen citado).
En el plano procesal, la cuestión que sigue es jurisdiccional: el juez que debe decidir sobre detenciones y allanamientos es Sebastián Argibay, y en Santiago del Estero hay quienes sostienen que llevar la investigación localmente favorece a ciertos intereses, mientras otros advierten sobre una interna entre el fiscal y el magistrado. En lo político, la causa puede reabrir controles sobre contratos provinciales y municipales vinculados a seguridad y servicios y obligará a que los organismos de control muestren expedientes y certificados de cumplimiento. Reiteramos la postura: mantenemos cautela y exigimos verificación del texto final, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial.
