La Asociación de Magistrados y Funcionarios recibió este viernes al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y expresó su reconocimiento por el envío de “numerosos pliegos” al Senado: la cobertura inicial consignada en la nota pública alcanza a más de 113 pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo, según La Nación. En el comunicado institucional la entidad advirtió que las vacantes superan el 36% en el Poder Judicial y el 42% en los Ministerios Públicos, y vinculó esa situación con un riesgo para la prestación del servicio de justicia.
¿Qué pasó en la reunión?
La reunión, descrita por la Asociación como protocolar y desarrollada “en un marco de diálogo institucional” (comunicado de la AMFJN), reunió al ministro Juan Bautista Mahiques, al viceministro Santiago Viola y a la comisión directiva de la entidad. Participaron representantes de las tres listas internas —la Bordó, la Celeste y Compromiso Judicial— y, según la crónica, hubo reconocimiento explícito a la decisión del Ejecutivo de remitir pliegos al Senado. La nota remarca que la foto oficial y el tono distendido acompañaron el encuentro, y que el presidente de la AMFJN, el juez Andrés Basso, suscribió la declaración que calificó como “primera y contundente respuesta” a reclamos sostenidos por años. La propia Asociación informó que Mahiques anticipó el envío de nuevos pliegos en los próximos días (fuente: La Nación; comunicado AMFJN).
¿Qué implica para el servicio de justicia?
La Asociación vinculó la elevada tasa de vacantes con la afectación en la prestación del servicio de justicia: más del 36% de puestos vacantes en el Poder Judicial y 42% en los Ministerios Públicos, según su comunicado. Esos porcentajes provienen de la propia entidad y sirven como referencia para medir el déficit de recursos humanos en fueros nacionales y federales. Además, la nota señala que en los dos años y medio de la actual gestión presidencial no se registraron nombramientos directos de jueces por parte del presidente, lo que deja en 0 la cifra de designaciones presidenciales en ese lapso (La Nación). El envío de 113 pliegos es un paso administrativo concreto, pero su impacto dependerrá de la rapidez y del resultado de la etapa de acuerdo en el Senado: sin aval legislativo las vacantes seguirán sin resolverse.
¿Qué sigue y qué conviene vigilar?
El próximo tramo es legislativo: los pliegos deben recibir acuerdo del Senado para que los postulantes sean designados. En la práctica, eso implica audiencias, informes de comisión y votaciones que pueden demorarse semanas o meses. Desde la Asociación se habló de una “respuesta” a reclamos históricos; desde la sociedad, lo que corresponde es exigir transparencia en los criterios de selección y acceso público a las actas y antecedentes de cada postulación. Mantenemos cautela: exigimos verificación del texto final, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial. Conviene además atender la composición de los candidatos: la nota indica que entre los postulantes hay referentes vinculados a las tres listas internas de la Asociación, pero habrá que corroborar los antecedentes disciplinarios y académicos en los expedientes que corran por los canales oficiales. Finalmente, la cobertura efectiva de vacantes dependerá tanto del número de pliegos que el Ejecutivo siga remitiendo como del ritmo de tratamiento en el Senado; por ahora hay una medida administrativa (113 pliegos) y una demanda institucional (reducir >36% y 42% de vacantes), pero falta la validación pública y legislativa para transformar eso en jueces en funciones.
