La organización criminal atribuida a los hermanos Estrada Gonzales continúa operando en la manzana 26 de la villa 1-11-14, según constató la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados a Estupefacientes (Ufeide) y el Ministerio Público de la Ciudad en el operativo consignado por La Nación el 10/5/2026. Observamos que, pese a condenas y detenciones recientes, los investigadores hallaron métodos de clasificación y embalaje que replican los usados históricamente por la banda.
¿Qué encontró la investigación?
La Ufeide y la Policía de la Ciudad identificaron envoltorios con cintas de colores —negra para pasta base, roja para cocaína y verde para marihuana— y más de 600 paquetes listos para distribución, según informó el Ministerio Público de la Ciudad. El hallazgo se produjo tras la detención en flagrancia de dos vendedores y el análisis del teléfono de un dealer que permitió ubicar la vivienda del supuesto proveedor, detenido luego en el allanamiento. Según la crónica, uno de los imputados recibió prisión preventiva a instancias de la fiscal Cecilia Amil Martín. Además, en la pesquisa figuraron dos ciudadanos paraguayos, de 29 y 25 años, como eslabones palpables de la cadena de suministro, de acuerdo a las fuentes judiciales citadas.
¿Cómo funciona la logística de la banda?
Observamos una organización con roles definidos: supervisores, “picadores” que procesan la cocaína, transas que venden al menudeo, y “chalecos” que funcionan como control territorial; la descripción coincide con el expediente judicial y con relatos de la causa que atribuyeron a los hermanos Estrada Gonzales un volumen de operaciones cercano a un millón de dólares por mes en su apogeo, según registros de la investigación difundidos por La Nación. Los líderes originarios fueron golpeados por la Justicia: Marcos recibió una condena de 24 años en 2020 y fue expulsado a Perú, y otro de los capos obtuvo 17 años recientemente, pero la logística quedó en manos de delegados y familiares que operan dentro y fuera del enclave, lo que facilita la continuidad del negocio a pesar de la presión policial.
¿Qué implica esto para la investigación y la seguridad?
Desde el lente procesal, la causa quedó en manos de la Ufeide y del Tribunal Oral Federal N°3, donde se tramitan procesos contra integrantes de la banda; la fiscalía ya logró medidas cautelares como prisión preventiva contra proveedores detectados durante los allanamientos. Territorialmente, observamos que la banda combina base dentro de la villa con mandos que residen en municipios aledaños (Villa Celina, La Matanza), lo que complica el despliegue policial y exige coordinación interjurisdiccional. En términos prácticos, la detección de 600 envoltorios y el uso repetido de cintas identificatorias es una evidencia material que puede conectar detenidos con la logística de la organización; al mismo tiempo, demuestra que las condenas individuales no alcanzaron a desarticular la cadena de abastecimiento.
Cerramos con una observación procesal y de fuentes: los datos disponibles provienen de la investigación judicial y del Ministerio Público de la Ciudad, y por ello evitamos atribuir móviles o culpas no probadas en la causa. Vemos que la investigación debe priorizar romper la cadena de suministro (proveedores y logística de acopio) más que concentrarse únicamente en las cabezas visibles, y que la investigación coordinada entre Ufeide, Policía de la Ciudad y fuerzas federales será clave para traducir hallazgos materiales en condenas con impacto estructural.
