La Cámara de Diputados dio media sanción el 24 de mayo de 2026 a la llamada Ley Hojarasca, que propone derogar 68 normas que el Ejecutivo considera “obsoletas”; la votación quedó 138 a favor, 96 en contra y 9 abstenciones, según El Cronista.

¿Qué contiene la Ley Hojarasca?

El proyecto propone la derogación integral de 63 leyes, la eliminación parcial de artículos en tres normas más y la supresión de dos decretos, totalizando 68 actos normativos, según el texto remitido por el Poder Ejecutivo a la Cámara. El ministro Federico Sturzenegger resumió el espíritu de la iniciativa: “Con un millón de normas es imposible para un ciudadano saber qué norma le aplican”. Entre las disposiciones que el Ejecutivo catalogó como prescindibles aparecen leyes que datan del siglo XIX, como la Ley N° 94 de 1864, y normas de la década de 1970; el propio expediente consigna ejemplos que van desde regulaciones sobre microfilmación hasta requisitos para palomas mensajeras (Ley N° 27.171). Una versión anterior del proyecto había perdido estado parlamentario en octubre de 2024, según fuentes parlamentarias citadas por El Cronista.

¿Qué cambian los números y por qué importan?

La sesión que habilitó la media sanción contó con 129 diputados presentes y 128 ausentes en el recinto, lo que permitió el quórum y marcó la estrategia legislativa del oficialismo para avanzar con otros proyectos el mismo día, según la cobertura parlamentaria. Los 138 votos a favor provenientes del bloque oficial y aliados contrastan con 96 negativos de la oposición y 9 abstenciones; esos guarismos muestran que la iniciativa tiene respaldo suficiente en Diputados pero no resuelven su paso por el Senado. En términos administrativos, el Gobierno afirma que la eliminación de normas implica reducción de trámites y costos para contribuyentes, aunque el proyecto no adjunta una estimación cuantificada del ahorro fiscal o administrativo en el texto público. En este punto conviene recordar que decretos y leyes derogadas parcialmente (por ejemplo, los artículos de las Leyes N° 22.963 y 22.964) requieren cotejo de actas y textos para evaluar impacto real en servicios y derechos.

¿Cómo afecta esto a la vida cotidiana y a la desburocratización?

El Ejecutivo clasifica las normas en seis grupos: leyes que limitan libertades individuales, normas superadas por otras posteriores, disposiciones tecnológicas obsoletas, regulaciones destinadas a organismos ya inexistentes, medidas que crean organismos con financiamiento público, y reglas que generan trámites inútiles. Si el objetivo es desburocratizar, la eliminación formal de leyes no siempre equivale a la simplificación efectiva de trámites; hace falta coordinar con organismos, actualizar reglamentos y, sobre todo, publicar las normas derogadas en el Boletín Oficial para evitar vacíos normativos. En línea con iniciativas recientes del Ejecutivo sobre reducción de cargas administrativas, véase el Decreto 377/2026 que modifica plazos en defensa del consumidor y busca agilizar procedimientos, el efecto práctico dependerá del detalle técnico y del control legislativo. Además, rescindir normas que afectan derechos (por ejemplo, artículos referidos a internación forzosa por enfermedades) exige precisión legal y evaluación sanitaria y constitucional.

En nuestra práctica periodística mantenemos cautela: exigimos verificación de los textos finos del proyecto, las actas de las comisiones y los registros oficiales antes de evaluar su alcance político o judicial. El trámite en el Senado definirá si la iniciativa se convierte en ley y si las derogaciones propuestas se ejecutan con el grado de precisión técnica que requieren normas vinculadas a derechos, organismos y presupuestos.