La Corte Suprema rechazó el recurso de queja presentado por la intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, y dejó firme la condena que la obligaba a pagar 17 millones de pesos a Livio Gutiérrez por publicaciones que afectaron su honor, según informó La Nación. Panzardi afirmó a ese medio que ya había efectuado los pagos entre marzo y abril de 2026 y que la Corte no se pronunció sobre el fondo del asunto.

Qué decidió la Corte

La resolución de la Corte fue expedida el 23 de abril de 2026, según informó La Nación, y consistió en desestimar la queja por no cumplir los requisitos formales de la acordada 4/2007. El monto de la condena —17.000.000 de pesos— había sido fijado en primera instancia por el Juzgado Civil y Comercial N°1 de Charata y ratificado por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, según el mismo reporte. La Nación consignó que, tras el rechazo de un recurso extraordinario en la justicia provincial, Panzardi acudió a la Corte en queja, pero la presentación fue desestimada por formalidades procesales. Panzardi sostuvo que su intención con la queja no era evadir la responsabilidad del pago sino que el caso fuera evaluado “desde otra mirada”, según sus declaraciones publicadas.

¿Qué implica esto para la libertad de expresión y la responsabilidad?

En las instancias provinciales la cuestión de fondo fue evaluada: los tribunales consideraron que los tuits no constituyeron “información ni opinión sino una intromisión injustificada” y que eran falsos, según La Nación. Panzardi, por su parte, sostuvo que las publicaciones fueron “en potencial”; esa diferencia factual —hecho versus opinión o potencialidad— es central en los casos sobre agravio y reputación. Los hechos que originaron la demanda datan de 2016, por lo que la resolución de 2026 implica una disputa judicial que se extendió por diez años entre la publicación y la firmeza de la condena. La Corte, al rechazar la queja por motivos formales, no alteró la valoración probatoria hecha por los tribunales chaqueños, por lo que la posibilidad de revisar el fondo quedó agotada en esa instancia.

Contexto y antecedentes

La controversia se originó en 2016, cuando Panzardi publicó en Twitter una serie de mensajes que vincularon a Livio Gutiérrez con acusaciones de violencia de género; esos tuits fueron replicados por medios locales y motivaron la demanda civil. Gutiérrez, hoy presidente del Banco del Chaco y por entonces legislador provincial, obtuvo el resarcimiento en el Juzgado de Charata y la confirmación en el Superior Tribunal provincial, según La Nación. Panzardi es una dirigente peronista cercana al exgobernador Jorge Capitanich, cumplió cuatro mandatos como intendenta y se desempeñó anteriormente como ministra de Desarrollo Social de la provincia —datos consignados por los medios locales citados. Según Primero Chaco, el pago se hizo con fondos provenientes de su actividad privada y fue declarado por la intendenta.

¿Qué sigue procesalmente?

Con el rechazo de la queja por parte de la Corte, la condena civil provincial quedó firme en esta instancia; según Panzardi, el monto fue saldado entre marzo y el 20 de abril de 2026, fecha en la que dijo haber cancelado un préstamo tomado para ese fin, según La Nación. Desde el punto de vista procesal federal, la desestimación por formalidades limita las vías de alivio salvo que surjan hechos nuevos o vicios procesales acreditables; no obstante, la comunicación oficial de la Corte y los registros de pago y de ejecución de sentencia son documentos que deben verificarse para confirmar cumplimiento y efectos reales —por lo cual mantenemos cautela y exigimos verificación del texto final, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial. A nivel local, la decisión puede tener impacto político en Laguna Blanca y en el peronismo chaqueño, pero el alcance dependerá de confirmaciones documentales que hoy no están disponibles públicamente.