La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni se consolidó en las últimas semanas y ahora reúne movimientos inmobiliarios y pagos en efectivo que, según La Nación, incluyen préstamos por 300.000 dólares y gastos en viajes y refacciones que la fiscalía quiere acreditar. Mañana, 4 de mayo de 2026, declarará Matías Tabar, el contratista que hizo refacciones en la vivienda del country Indio Cua, y la fiscalía pidió presupuestos, cotizaciones y contratos para comparar con los movimientos declarados.
Qué investiga la Justicia
La investigación se focaliza en dos operaciones inmobiliarias y en movimientos en efectivo que, de acuerdo con el informe de La Nación, suman prácticas atípicas que motivaron las dudas. Según la nota, cuatro personas facilitaron un total de 300.000 dólares en dos operaciones: un préstamo en efectivo por 100.000 dólares y una financiación por 200.000 dólares presentada como “hipoteca contra saldo de precio”. La ausencia de intereses en una de las operaciones, el hecho de que Adorni no conociera personalmente a quienes prestaron el dinero y la intervención de terceros —como Pablo Martín Feijoo, que declaró sobre un pago adicional de 65.000 dólares— son elementos que la fiscalía, a cargo de Gerardo Pollicita, considera relevantes para avanzar en la prueba. La causa también releva pagos en efectivo por viajes y refacciones que la fiscalía pretende confrontar con documentación.
¿Por qué importan estas diferencias patrimoniales?
La pesquisa apunta a determinar si la ecuación ingresos-egresos del funcionario muestra un crecimiento injustificado. De acuerdo con documentos citados por La Nación, Adorni declaró 49.000 dólares al cierre de 2024; esa suma contrasta con movimientos que la fiscalía contabiliza: 30.000 dólares destinados a una porción de deuda, 30.000 dólares para la parte en efectivo del departamento de Caballito y 20.000 dólares para la compra en Indio Cua —un total de 80.000 dólares solo en esas partidas—, además de otros gastos que superan los 100.000 dólares en conjunto, según la misma fuente. El delito de enriquecimiento ilícito admite, según la jurisprudencia citada en el expediente, una inversión en la carga de la prueba: cuando la Justicia detecta un crecimiento patrimonial apreciable puede exigir al funcionario que justifique el origen de los fondos. Esa inversión del estándar probatorio es la razón por la que la fiscalía solicita cotizaciones, contratos y documentación de los trabajos y pagos.
Qué sigue y qué puede pasar
Para el corto plazo, la convocatoria de Matías Tabar es clave: el fiscal solicitó que presente presupuestos, cotizaciones y contratos sobre las refacciones en la casa de Indio Cua, según La Nación. Si la documentación no resulta coincidente con los movimientos registrados, la fiscalía podrá ampliar medidas, pedir la declaración de Adorni o requerir peritajes contables. La nota también señala que, según el expediente, en noviembre Adorni debería responder por 270.000 dólares de deuda; la venta del departamento en Parque Chacabuco aparece como una posible forma de afrontarla, según fuentes judiciales citadas. Adorni afirmó públicamente su inocencia y dijo que dará explicaciones “cuando se las pida la Justicia”, y el oficialismo lo respaldó en su exposición ante el Congreso, según registros de la cobertura. Vemos que, por ahora, la pesquisa avanza sobre documentación y testimonios; mantenemos cautela y exigimos verificación del texto final, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial.
