El juez federal Ariel Lijo pidió al Gobierno y a organismos públicos que informen si el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este entre el 12 y el 17 de febrero de 2026 tuvo carácter oficial y autorizaciones correspondientes; además dispuso levantar el secreto fiscal de la productora Imhouse y del piloto Agustín Issin Hansen, según publicó LA NACION el 20/3/2026.
¿Qué pidió la Justicia?
Lijo requirió a la Secretaría General de la Presidencia información sobre “expediente, actuación, autorización, misión oficial, comisión de servicio, licencia, solicitud o liquidación de viáticos, asignación de pasajes, rendición de gastos” vinculados al viaje de Adorni (según LA NACION, 20/3/2026). Paralelamente ordenó al Banco Santander, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) que entreguen antecedentes patrimoniales, fiscales y cualquier reporte de operaciones sospechosas sobre Imhouse, Marcelo Grandío y el piloto. La medida incluye cuentas, transferencias, cheques y legajos completos; la solicitud de información fiscal abarca desde el 1° de enero de 2023 hasta la fecha, un periodo de 38 meses, según la misma fuente.
¿Qué se investiga y por qué importa?
La causa fue iniciada por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro y fiscalizada por Gerardo Pollicita; se indaga si el viaje configura dádivas o posibles incompatibilidades por la relación del funcionario con la TV Pública, área que controló Adorni, según LA NACION. El hecho puntual que motivó la investigación es que la productora Imhouse —con contratos con la TV Pública— habría pagado el vuelo en el que viajaron Adorni y su familia. El fiscal busca determinar si hubo beneficio indebido o un crecimiento patrimonial no justificado. En paralelo existe otra denuncia por enriquecimiento ilícito promovida por la diputada Marcela Pagano; la fiscalía pidió certificar si hay causas vinculadas que justifiquen unificar expedientes.
¿Qué documentos se solicitaron y qué números aparecen?
Según la nota de LA NACION, el vuelo de ida implicó un pago de 4.830 dólares; el paquete que incluye el regreso figura en una factura de 42.250 dólares y el vuelo de vuelta forma parte de un paquete de 10 viajes. Lijo pidió además registros aeroportuarios y las cámaras de seguridad del aeropuerto de San Fernando, la facturación emitida y recibida por Imhouse, clientes, proveedores y operaciones vinculadas con la TV Pública, Marcelo Grandío, Adorni y la esposa del jefe de Gabinete, Bettina Julieta Angeletti. También solicitó los informes bancarios completos en el Banco Santander sobre la cuenta de Imhouse y cualquier otra relación comercial vinculada. Estos datos numéricos y la lista de organismos consultados están reproducidos por LA NACION (20/3/2026).
¿Qué sigue y cómo se resuelve esto?
En términos procesales, los pasos inmediatos son recibir la documentación requerida y que la fiscalía analice si los movimientos y documentación justifican avanzar con medidas probatorias adicionales. Si la información bancaria o los reportes de la UIF muestran transferencias, cheques o reportes de operaciones sospechosas, la causa puede profundizarse hacia peritajes contables y análisis patrimoniales. El expediente también podría unificarse con la denuncia por la casa en Indio Cua, que según registros catastrales figura a nombre de Angeletti desde el 15 de noviembre de 2024 (datos consignados por LA NACION). Nosotros mantenemos cautela: exigimos la publicación y verificación documental de actas, facturas, escrituras y anexos antes de sacar conclusiones sobre incompatibilidades o enriquecimiento.
Firma: Osvaldo Santini