La mora en créditos a familias llegó al 11,2% en febrero, según el Informe de Bancos del Banco Central (BCRA), y marcó un nuevo máximo por decimotercer mes consecutivo. Ese dato resume un problema creciente: las familias tienen más deuda en pesos y menos capacidad de pago en un contexto de actividad débil y salarios que se actualizan por debajo de la inflación.

¿Qué pasó y por qué sube la mora?

En números: la mora total del crédito al sector privado subió de 6,4% a 6,7% entre enero y febrero, y hace un año era 1,76%, según el Informe de Bancos del BCRA (datos consolidados a fin de febrero). El indicador para familias escaló de 10,6% en enero a 11,2% en febrero (era 2,94% en febrero de 2025). La mora en créditos personales llegó a 13,7% y la de tarjetas a 10,6% (BCRA). Estas cifras reflejan dos causas principales: una expansión del crédito en términos nominales entre 2024 y 2025 y, luego, un deterioro de la capacidad de pago cuando la actividad cayó 2,1% y los salarios se actualizaron por debajo de la inflación, tal como reporta el propio informe. Además, la fuerte suba de tasas previa a las elecciones encareció las cuotas, y aunque las tasas empezaron a bajar en febrero, el proceso de deterioro no se detuvo inmediatamente.

¿Cómo impacta esto en tu bolsillo y en los bancos?

Para las familias el impacto es concreto: según Focus Market, el stock de deuda bancaria de los hogares se ubica en 32,1 billones de pesos, con un promedio de 5.702.809 pesos por hogar endeudado —equivalente a 3,46 salarios promedio del sector registrado (Ripte enero 2026)—. En 2023 ese promedio era de $377.664 (1,43 salarios), lo que muestra la magnitud de la expansión del crédito en tres años (Focus Market). Para el bolsillo significa cuotas más altas y menos margen para regularizar atrasos cuando suben tarifas o el empleo es inestable. Para los bancos el efecto ya aparece en resultados: la rentabilidad sobre activos (ROA) del sistema fue 0,8% acumulada en 12 meses, una caída de 3,1 puntos porcentuales interanual atribuida por el BCRA a la reducción del margen financiero real y al aumento de cargos por incobrabilidad.

¿Se pueden reestructurar deudas sin destruir empleo y ahorro?

Los bancos dicen que las refinanciaciones son difíciles porque muchos hogares enfrentan problemas de empleo y pérdida de poder adquisitivo; hay voluntad de pago, pero no recursos, según comentan entidades privadas citadas en el informe. Fidélitas sintetiza la situación: el crédito nominal creció, pero la capacidad de repago se deterioró. Desde las entidades también señalan que intentan programas de recupero y reducen gastos administrativos para compensar, y se beneficiaron de una reducción del impuesto a las ganancias, según el Informe de Bancos (BCRA). Traducido: hay más deuda y menos margen, y la oferta de crédito se restringe porque los bancos ajustan provisiones y prefieren no ampliar riesgos sin una mejora macroeconómica clara.

Qué medidas pedir: corto y mediano plazo

Vemos tres prioridades prácticas. Primero, transparencia y datos: que el BCRA y el Ministerio de Economía publiquen con claridad la composición del stock de deuda y la cuantía de reestructuraciones para monitorear riesgo sistémico. Segundo, medidas focalizadas para hogares vulnerables —ventanas de reestructuración con quitas de interés o plazos mayores condicionadas a mantener empleo formal—, coordinadas con programas de preservación del trabajo en el Gran Buenos Aires. Tercero, políticas que fortalezcan ingresos reales: coordinación fiscal que evite recortes que empeoren la demanda y políticas que descompriman la presión de tarifas sobre los hogares. En cifras: cualquier programa de alivio debe considerar el stock de 32,1 billones (Focus Market) y priorizar los segmentos con mora superior al 10% (BCRA). Apoyamos la acumulación de reservas por flujo y la transparencia, pero exigimos que esas políticas vayan acompañadas de medidas concretas para proteger el empleo formal y facilitar la normalización del crédito.

Conclusión: la mora es hoy un síntoma de una expansión del crédito que no fue acompañada por estabilidad de ingresos. La salida exige datos claros, políticas para sostener el empleo y herramientas de reestructuración focalizadas, no soluciones generales que oculten pasivos o trasladen el problema a la economía formal.