La Legislatura de la provincia de Buenos Aires permanece paralizada desde la apertura del período ordinario el 2 de marzo: según LA NACION, ninguna de las dos cámaras inició sesiones ordinarias y sólo se realizaron dos sesiones de carácter no ordinario hasta fines de abril. Esa inactividad impide la conformación de comisiones y deja sin tratamiento una lista de proyectos tanto del gobernador Axel Kicillof como de bloques opositores.

¿Por qué está paralizada la Legislatura?

La parálisis responde, en primera instancia, a la indefinición en la designación de autoridades e integrantes de las comisiones, un trámite previo necesario para que los expedientes tomen estado parlamentario, según LA NACION. En Diputados hubo una sesión extraordinaria el 24 de febrero y una sesión especial el 18 de marzo; en el Senado se celebró una sesión preparatoria el 27 de febrero y una sesión especial el 26 de marzo, de acuerdo a la misma crónica. Fuentes del oficialismo atribuyen la demora a una disputa interna del peronismo entre el gobernador y sectores afines a Cristina Kirchner, mientras que voces opositoras señalan falta de voluntad para negociar, según consultadas por LA NACION.

Los números en juego suelen mencionarse como elemento de presión: la Cámara de Diputados cuenta con un presupuesto 2026 de $222.800.000.000 y el Senado con $156.204.115.970, según el reporte publicado por LA NACION, datos que fuentes parlamentarias usan para subrayar el costo institucional de la inactividad.

¿Qué proyectos quedan frenados?

Del lado del oficialismo, la iniciativa más comentada es el proyecto de ley de produccion publica de medicamentos anunciado por Kicillof en la apertura de sesiones, que el gobernador describió como herramienta para reducir costos y ampliar accesos, según su discurso citado por LA NACION. También están pendientes proyectos sobre el personal policial y modificaciones a la Ley de Seguridad Publica que el gobierno provincial presentó como prioritarios.

En la oposición hay expectativas por la boleta unica de papel, impulsada por La Libertad Avanza, la UCR y Pro, pero el proyecto presentado en el Senado a principios de abril no avanzó. Otros temas sin movimiento incluyen la autarquia financiera para IOMA, iniciativas de reducción impositiva y proyectos sobre seguridad vial y telefonia en cárceles, según el relevamiento publicado por LA NACION.

Un dato con fecha límite: en el Congreso nacional se aprobó el 12 de febrero una modificacion del Codigo Penal que baja la edad de imputabilidad a 14 años y establece un plazo de 180 dias para que las provincias ajusten sus codigos procesales; fuentes de Pro en la Legislatura bonaerense consultadas por LA NACION advirtieron que ese plazo vuelve urgente la conformacion de comisiones.

¿Qué puede pasar ahora y cuáles son las consecuencias?

El primer efecto concreto es la demora en decisiones administrativas y en la sancion de normas que requieren tratamiento en comisiones. Si la Legislatura no avanza, iniciativas con impacto inmediato —como cambios en la organizacion de la obra social IOMA o normas de seguridad policial— quedarán sin marco legal mientras persista la paralisis, advierten fuentes parlamentarias citadas por LA NACION. El plazo de 180 dias mencionado por la ley de imputabilidad convierte mayo en un mes clave para evitar incumplimientos o la necesidad de respuestas ejecutivas compensatorias.

Las salidas posibles, según interlocutores de distintos bloques, son tres: forzar sesiones extraordinarias para tratar temas urgentes, negociar acuerdos internos para conformar comisiones o que la situación derive en una mayor fricción política que postergue aún más la agenda. En todos los escenarios, las fuentes consultadas remarcan que la disputa interna del peronismo es un factor central para explicar la inactividad, pero también que la responsabilidad formal —actas, designaciones y registros parlamentarios— es el dato verificable que debe constar antes de sacar conclusiones institucionales. Mantenemos cautela: exigimos verificacion del texto final, actas y registros antes de evaluar alcance politico o judicial.