La Procuración asignó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) el análisis de los números recabados por el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que investiga al jefe de Gabinete Manuel Adorni, conforme informó LA NACION el 15 de mayo de 2026. Según ese medio, en el expediente constan gastos por un total de US$408.662 y deudas por US$335.000, cifras que la fiscalía busca confrontar con documentos bancarios y otros registros.
¿Qué busca la DAFI y por qué importa?
La DAFI es una dependencia técnica de la Procuración que asiste a fiscales en el examen contable de expedientes. En este caso, tendrá que verificar fechas, conversiones y origen de los movimientos para establecer si existen desajustes entre ingresos y egresos, informó LA NACION. El objetivo operativo es precisar si hubo un “salto” en el estilo de vida del funcionario desde que asumió a fines de 2023, comparando movimientos posteriores con la situación patrimonial declarada al ingresar al Estado. La revisión incluye conciliaciones de tarjetas, homologación de facturas y cotejo de transferencias en moneda extranjera. El detalle técnico es clave: según la nota, la DAFI analizará estadías en hoteles, pasajes, préstamos y compras de inmuebles para detectar eventuales baches contables.
¿Qué pruebas pesan contra Adorni?
La causa contiene varios ítems puntuales que la fiscalía ya remitió a peritaje. LA NACION consignó un pago de US$245.000 que un contratista, Matías Tabar, atribuye a tareas en la casa del country de Indio Cua; Tabar se presentó otra vez en Comodoro Py con “remitos, facturas y chats con proveedores”, dijo una fuente citada por el medio. Además, la investigación registra la compra de un departamento en Caballito por US$230.000 y una casa en Indio Cua por US$120.000, y deudas por unos US$300.000 contraídas con dos policías y dos jubiladas, según la conversión de movimientos publicada por LA NACION. También figura un viaje a Madrid en septiembre de 2025 —pasajes y estadía estimados entre US$6.000 y US$8.500— y averiguaciones sobre movimientos en billeteras virtuales a nombre del funcionario, para lo cual el fiscal envió oficios a proveedores de servicios de activos virtuales.
¿Cómo puede afectar esto al gobierno?
Desde el punto de vista institucional, la intervención de la DAFI y el pedido de información bancaria son pasos técnicos que suelen anticipar decisiones procesales: clarificar números, solicitar documentacion complementaria y, si corresponde, citar a indagatoria. LA NACION consignó que la etapa de testimonios concluyó el jueves 14 de mayo de 2026 con la declaración de un vecino que alquiló una propiedad a Adorni; sin embargo, la fiscalía aún no definió si exigirá justificativos formales al funcionario. Mantener la cautela informativa es pertinente: no hay, por ahora, una decisión judicial sobre responsabilidad penal y la comparación temporal que la pesquisa debe hacer es entre la situación patrimonial al asumir a fines de 2023 y los movimientos posteriores. El impacto político dependererá de cómo se interpreten técnicamente esos baches contables y de si la fiscalía decide avanzar hacia una indagatoria.
¿Qué sigue en la investigación?
Los próximos pasos, según la nota de LA NACION, son técnicos y administrativos: la DAFI remitirá un informe al fiscal con la conciliación de ingresos y egresos, la fiscalía continuará pidiendo información a entidades bancarias y proveedores de servicios de activos virtuales, y las partes podrán presentar documentación adicional —como hizo el contratista Tabar— para respaldar cobros. Si el informe detecta inconsistencias que no puedan justificarse con documentación, el fiscal podría requerir explicaciones formales al imputado, lo que es un paso previo a una eventual indagatoria por enriquecimiento ilícito. En tanto, el calendario procesal y el alcance político seguirán sujetos a la verificación documental: mantenemos cautela y exigimos la corroboración de textos, actas y registros antes de evaluar consecuencias jurídicas o políticas.
