La reforma electoral que propone el Poder Ejecutivo tensiona a la “mayoría oficialista” en el Senado: para aprobarla se requieren 37 votos afirmativos y el bloque oficialista dispone de 21 senadores en un universo que, según La Nación, se analiza sobre 42 asientos.

¿Cuántos votos tiene el oficialismo en el Senado?

Según La Nación, la aritmética que moviliza la estrategia es sencilla en cifras pero compleja en práctica: 21 oficialistas, 10 radicales, 3 de Pro y otros 8 representantes provinciales e independientes componen un universo de 42 senadores que Bullrich tiene en cuenta. La nota agrega que quedan fuera 28 peronistas de perfil anti-Milei y dos senadores por Santa Cruz que no acompañan la agenda nacional. Para aprobar la reforma electoral el oficialismo necesita 37 votos, por lo que cualquier cambio exige acuerdos transversales. Observamos que esa cuenta no es fija: varía proyecto por proyecto, como admiten fuentes del bloque oficialista y opositoras citadas por La Nación. Además, la iniciativa de reforma entró formalmente el miércoles, lo que pone en marcha el calendario de comisiones y negociaciones en el recinto.

Factores externos que complican la estrategia

La oposición y algunos aliados colocan en la balanza variables fuera del Parlamento. La Nación informa que la inflación acumula 10 meses de alzas, un dato que fuentes parlamentarias consideran negativo para el clima político; al mismo tiempo, la saga judicial y de imagen alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aparece como un lastre para la agenda oficialista. En este punto conviene recordar la cobertura previa de este medio sobre la presentación de Adorni, que mostró al Presidente acompañándolo en público, lo que añade presión política sobre el Ejecutivo. La carga legislativa intensifica la tensión: el Gobierno remitió proyectos que incluyen modificaciones a la ley de salud mental, propuestas sobre inviolabilidad de la propiedad que afectan seis leyes y, según La Nación, más de un centenar de pliegos de jueces nacionales y federales. Esa superposición obliga a priorizar y negociar, y empuja la consigna de que no todo puede salir al mismo tiempo.

Qué bloques ya mostraron rechazo y dónde está la resistencia

El rechazo a la eliminación de las PASO es rotundo en sectores del Congreso citados por La Nación. Legisladores de la UCR expresaron públicamente su oposición: la senadora Carolina Losada sostuvo que “esto sólo le sirve al Gobierno” y Maximiliano Abad afirmó que está en contra porque las internas abiertas le permitieron llegar al poder. Además, el peronismo en sus distintas vertientes advierte que necesita esa herramienta para ordenar sus internas rumbo a 2027. En el Senado, esas posiciones implican votos perdidos para el oficialismo en cuestiones que afecten reglas de juego partidarias. También surge un punto técnico y polémico: el capítulo que abre la puerta al financiamiento privado, que históricamente ha sido tabú en discusiones electorales. Fuentes parlamentarias consultadas por La Nación y por este medio sostienen que, en varios temas, Bullrich deberá negociar punto por punto para lograr mayorías específicas.

Qué sigue y qué variables serán determinantes

La capacidad de la jefa del bloque oficialista para negociar será central. La Nación destaca la flexibilidad que le atribuyen a Patricia Bullrich: como ejemplo, la reforma laboral y la reducción del impuesto a las ganancias fueron ajustadas tras semanas de negociación porque “no estaban los votos”, según la propia dirigente. En lo inmediato, la agenda legislativa definirá prioridades; la acumulación de iniciativas (más de cien pliegos, proyectos sobre propiedad y salud, y el paquete electoral) obliga a fijar cronogramas y consensos. Desde el punto de vista político, las dos variables externas más citadas por fuentes parlamentarias son la marcha de la economía y la suerte judicial/política del jefe de Gabinete. En línea con nuestra posición editorial, mantenemos cautela: exigimos verificación del texto final, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial. Resta definir cuántas de las cuestiones enviadas por el Poder Ejecutivo llegarán al recinto este semestre y con qué redacción final, dato imprescindible para medir probabilidades reales de aprobación.