La Unesco presentó un informe que muestra un cambio rápido en la regulación del uso de celulares en las escuelas: según ese estudio, en 2023 solo uno de cada cuatro países tenía normas; a marzo de 2026 la proporción ya es de uno de cada dos, según la presentación de Zelmira May y Roxana Morduchowicz para el programa de Ciudadanía Digital de Unesco. Esta nota analiza qué dicen los números, cómo impacta en Argentina y por qué la discusión debería pasar de la prohibición a la formación.
¿Qué dice el informe y cuáles son los números clave?
El informe compiló datos oficiales de 12 países latinoamericanos que integran el programa regional de Ciudadanía Digital, y detectó dos modelos predominantes: la prohibición total (como en buena parte de Europa) y la restricción condicionada (predominante en América Latina). A marzo de 2026, sólo cuatro países latinoamericanos cuentan con leyes nacionales específicas sobre celulares en la escuela: Brasil, Chile, Colombia y Paraguay, según la Unesco. En Argentina, en cambio, la regulación es provincial: la investigación registra leyes vigentes en 10 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.
El estudio también recuerda antecedentes internacionales: Francia prohibió el uso en 2018 para menores de 15 años y en 2025 endureció la práctica pidiendo que los dispositivos queden guardados en lockers, un ejemplo citado por la Unesco sobre regulaciones más estrictas. El documento subraya además que casi todas las normas incluyen excepciones (salud, necesidades especiales, emergencias o actividades pedagógicas), lo que complica una comparación lineal entre países.
¿Cómo impacta esto en las escuelas argentinas?
La experiencia provincial muestra tensiones prácticas: Mendoza intentó avanzar hacia una prohibición amplia y retrocedió al constatar que en muchas aulas el celular sigue siendo la única forma real de acceso a recursos digitales, relata el informe de Unesco. Eso plantea un dilema concreto en Argentina: prohibir sin infraestructura puede ampliar brechas. Tenemos un dato operativo: 10 provincias más CABA ya legisladas, pero no hay datos públicos comparables sobre cuántas aulas cuentan con computadoras o conectividad adecuada por provincia en el mismo documento, y esa ausencia impide evaluar el impacto real.
En el terreno pedagógico la evidencia es heterogénea. El informe recuerda que los resultados internacionales (incluidos análisis que citan PISA 2022) no muestran un efecto uniforme de las prohibiciones sobre el rendimiento académico; algunas evaluaciones encuentran mejoras, otras no registran diferencias significativas. Por eso, vemos que la discusión no puede reducirse a “celular sí o no”: depende de infraestructura, capacitación docente y acompañamiento socioeducativo, factores que requieren datos abiertos para ser evaluados.
¿Prohibir o educar? El detalle que lo cambia todo
La Unesco pone el foco en la ciudadanía digital: más allá de limitar dispositivos, el desafío es formar competencias críticas que permitan a estudiantes distinguir fuentes, proteger su privacidad y actuar frente al cyberbullying. Hay también un argumento operativo en la presentación: cada interrupción por notificaciones puede demandar alrededor de 20 segundos para que un alumno recupere la atención, dato que la representante Zelmira May usó para explicar la pérdida de concentración en el aula según la Unesco.
Sin embargo, el informe advierte que retirarle el celular al aula no resuelve automáticamente problemas más profundos —salud mental, convivencia, desigualdad— y puede generar efecto rebote con consumo compensatorio en el hogar. Por eso, proponemos que las políticas combinen regulación clara con programas medibles de alfabetización digital, con metas, indicadores y evaluación pública para saber qué funciona. Exigimos que los ministerios publiquen datos abiertos sobre la implementación: cobertura tecnológica por escuela, protocolos de excepción, datos de seguimiento en salud mental y evaluaciones pedagógicas.
En síntesis, la foto regional que trae la Unesco muestra un cambio rápido en las normas pero resultados aún inciertos. Regular es legítimo; evaluarlo con datos y enseñar ciudadanía digital es imprescindible. Exigimos transparencia y datos abiertos sobre las normas escolares y los programas de acompañamiento para poder medir impacto académico y en salud mental, y para que la discusión deje de ser doméstica y pase a ser pública y verificable.
