La Ciudad presentó en la Legislatura un proyecto que declara de utilidad pública 12 inmuebles y la afectación parcial de otras 26 parcelas para avanzar con la futura línea F de subtes. Según La Nación, el expediente acompaña además un pedido para tomar deuda por US$1350 destinado a financiar la obra y estimaciones oficiales hablan de 9,8 kilómetros y 12 estaciones con una posible circulación en 2031.

¿Qué propone exactamente el proyecto?

El texto que ingresó a la Legislatura plantea la adquisición total de 12 propiedades a lo largo de la traza entre Barracas y Palermo y la expropiación parcial de 26 parcelas por afectación de subsuelos, según La Nación. El Ejecutivo describe la medida como necesaria para habilitar accesos y vestíbulos y propone dividir la obra en dos etapas, con el tramo Brandsen–Tucumán primero y la extensión hasta Plaza Italia en 2031. Se acompaña un pedido de autorización para tomar deuda por US$1350 para financiar la ejecución, de acuerdo al mismo informe. La traza no es nueva: quedó formalmente establecida por la ley 670 en 2001 y ratificada por la ley 2710 en 2008, lo que significa que hablamos de decisiones normativas que llevan 25 y 18 años vigentes respectivamente.

¿Por qué hay controversia patrimonial y vecinal?

La lista incluye casos con peso cultural y social que explican las reacciones. La histórica disquería Zivals, en Corrientes y Callao, figura entre las 12 propiedades a expropiar; según La Nación lleva 55 años en la esquina, ocupa 430 metros cuadrados, emplea 33 personas y conserva un catálogo de 50.000 títulos. El Mercado San Cristóbal también está en el mapa: su historia arranca en 1882, su estructura actual se terminó en 1945 y desde hace más de cuatro años está clausurado con casi 150 puesteros en espera, según la misma nota. Para vecinos y titulares el argumento central es que no está claro por qué se requiere la totalidad de algunos inmuebles para accesos que, dicen, podrían ocupar mucho menos espacio en superficie.

¿Qué impacto tiene esto en la ciudad y en la movilidad?

Vemos que una nueva línea puede mejorar conexiones norte–sur y reducir tiempos de viaje. Pero una obra de 9,8 kilómetros y 12 estaciones —según los datos oficiales reproducidos por La Nación— tiene efectos urbanos que van más allá del túnel: alteración de la trama de comercios, posibilidad de reasignación de terrenos sobrantes y cambio en la dinámica de barrios como Recoleta, Balvanera y Barracas. Además está la factura económica: la autorización de deuda por US$1350 obliga a exigir cifras claras sobre costos unitarios, plazos de ejecución y evaluación de impacto social y ambiental antes de comprometer recursos públicos. El transporte público es un derecho; por eso apoyamos la expansión siempre que venga acompañada de transparencia y planificación técnico-social.

¿Qué pueden hacer vecinos, propietarios y la Legislatura ahora?

El reclamo vecinal tiene dos ejes: información y mitigación. Exigimos que el Ejecutivo publique el expediente completo, los estudios de servidumbres y el criterio de selección de inmuebles. Los propietarios que aún no fueron notificados deben recibir documentación formal y poder presentar pruebas alternativas de afectación mínima. En la Legislatura, las comisiones pertinentes tienen que pedir los estudios de impacto patrimonial y las estimaciones costo/beneficio. En materia práctica, proponemos explorar soluciones que minimicen demolición: reubicación de accesos, diseños que respeten fachadas, compensaciones claras y planes de reubicación laboral para puestos afectados. Mientras tanto, quienes quieran seguir el expediente pueden consultar la web de la Legislatura porteña y presentar notas en comisiones; los barrios deben pedir audiencias públicas y que cualquier uso de terrenos sobrantes esté sujeto a concursos públicos y evaluación independiente.

Cierre. Apoyamos la expansión del subte como política pública de movilidad, pero no aceptamos que la excusa de la utilidad pública funcione como caja negra. Si se va a expropiar, la prioridad tiene que ser la transparencia total en plazos, contratos y financiamiento, protocolos claros para proteger el patrimonio y medidas concretas para compensar a los trabajadores y comercios afectados. La discusión legislativa será la oportunidad para exigir todo eso.