El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, calificó como “una imprudencia” las acusaciones de la comisión investigadora sobre la presunta vinculación del presidente Javier Milei y de Karina Milei con el criptoactivo $LIBRA, dijo en una entrevista citada por La Nación el 17/3/2026. Mahiques sostuvo además que existen “dos causas”: la denominada causa $LIBRA y la pesquisa sobre la filtración del informe presuntamente extraído del celular de Mauricio Novelli, y advirtió que la cadena de custodia de los archivos no estaría garantizada.

Qué dijo Mahiques y qué prueba presenta la comisión

Mahiques explicó que el Ministerio de Justicia había realizado un informe desde la unidad denominada $LIBRA y que ese informe fue aportado a la justicia, pero advirtió sobre una posible manipulación de archivos: “la cadena de custodia no está garantizada”, afirmó, según La Nación (17/3/2026). La nota periodística señala además que especialistas del Ministerio Público Fiscal relevaron las llamadas del teléfono de Novelli y registraron comunicaciones con miembros del entorno presidencial en los minutos previos y posteriores al lanzamiento del criptoactivo. El ministro también negó vínculos profesionales con abogados de Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

En términos procesales, Mahiques remarcó que existen “dos causas” —la causa $LIBRA y la investigación de la filtración— y que el procurador general ordenó medidas administrativas relacionadas con el expediente. Estos datos provienen de la cobertura de La Nación y de declaraciones públicas del ministro.

¿Qué preguntas quedan abiertas?

La comisión investigadora anunció que presentará una denuncia contra el fiscal Eduardo Taiano por posible entorpecimiento y encubrimiento, y pedirá la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, según la misma crónica. Quedan por esclarecer tres puntos concretos: 1) quién tuvo accesos al celular de Novelli y con qué autorización; 2) si los archivos difundidos mantuvieron la cadena de custodia desde su extracción; 3) el alcance exacto de la comunicación entre Novelli y funcionarios o allegados al Ejecutivo.

A nivel institucional cabe recordar que la Cámara de Diputados está integrada por 257 miembros (fuente: Honorable Cámara de Diputados de la Nación) y que las conclusiones de una comisión parlamentaria tienen efecto político inmediato aunque no equivalen a una sentencia judicial. Además, este medio publicó ayer (16/3/2026) mensajes del expediente que muestran coordinación entre actores del lanzamiento de $LIBRA, información que complementa lo difundido el 17/3/2026 “Mensajes del expediente $LIBRA muestran coordinación entre Pettovello y el entorno de Novelli”.

¿Cómo impacta esto en la política y en la justicia?

En lo político, la divulgación de registros de llamadas y la acusación pública de la comisión colocan al oficialismo y a la oposición en terreno de confrontación institucional. La comisión calificó la operación como “planificada, coordinada y ejecutada con premeditación”, mientras que el Ejecutivo, por boca de Mahiques, pide cautela procesal y control sobre la integridad de la prueba. En términos judiciales, la existencia de dos causas implica que la prueba aportada en una investigación puede ser objeto de verificación independiente en la otra: es materia de peritajes forenses determinar si hubo extracción o manipulación de datos.

Desde la perspectiva del proceso, resulta relevante comparar la secuencia informativa: el medio que publicó mensajes lo hizo el 16/3/2026 y la comisión elevó un pedido formal y declaraciones públicas el 17/3/2026, lo que muestra una aceleración del calendario político en 24 horas y obliga al Congreso y a la justicia a definir plazos y métodos para auditar prueba digital.

Conclusión y lo que falta verificar

A la luz de las declaraciones de Mahiques y del material que la comisión hizo público, el dato central es doble: existe investigación judicial y existe una controversia sobre la integridad de la prueba. Por eso reiteramos la posición editorial previa: mantenemos cautela y exigimos la publicación y verificación documental de actas, listados y comunicados antes de sacar conclusiones sobre alcance y efectos. Resta que la justicia informe sobre peritajes, que la comisión aporte actas completas y que los organismos competentes aclaren cronologías y custodia de archivos para que el debate deje de ser estrictamente político y avance sobre hechos comprobados.