Son más de 230 los episodios de amenazas de tiroteo registrados oficialmente en Mendoza, que implicaron la activación de protocolos en colegios y afectan al 30% de los establecimientos secundarios, según datos del Ministerio de Educación provincial citados por LA NACION (22/4/2026).

¿Qué está pasando en las escuelas de Mendoza?

En cifras: 230 episodios registrados oficialmente; 25 menores con expedientes abiertos y seis imputados por tener más de 16 años, según el mismo reporte de LA NACION que cita a fuentes judiciales provinciales. El fenómeno creció rápido: la provincia reportó 25 episodios la primera semana, luego 70, más de 100 y finalmente 230 en pocos días, según el recuento provincial citado por el diario (LA NACION, 22/4/2026). La mayoría de los hechos ocurrieron en escuelas secundarias y se tradujeron en carteles, amenazas escritas y videos que circularon en redes.

Estos números muestran dos cosas a la vez: la viralidad de un gesto imitativo entre adolescentes y la capacidad del problema para saturar recursos institucionales. Cuando casi un tercio de los colegios secundarios de una provincia tiene al menos un episodio, deja de ser un hecho aislado y pasa a ser una emergencia organizativa y pedagógica.

¿Qué medidas se aplican y por qué no alcanzan?

Las respuestas oficiales son claras en intención pero limitadas en alcance. Se aplicó la prohibición de ingresar con mochilas o bolsos durante al menos cinco días en muchos establecimientos, se reforzó la presencia policial en los ingresos y algunos alumnos fueron sancionados o expulsados, según el informe de LA NACION. En lo judicial, seis jóvenes mayores de 16 fueron imputados por intimidación pública; en otro caso una madre fue imputada por permitir a su hijo llevar un arma de juguete a la escuela, con una calificación agravada que podría implicar penas de entre 3 y 8 años, según la nota.

El problema es que estas medidas son esencialmente reactivas: buscan mitigar el riesgo inmediato y dar señales de sanción. Sin embargo, hay al menos dos fallas claras. Primero, varias escuelas no informaron a las familias ni activaron protocolos completos, lo que deja grietas de comunicación. Segundo, la movilización policial y las sanciones no actúan sobre las causas profundas: el contagio social, el aburrimiento, el rol de las redes y la falta de acompañamiento en salud mental.

Redes sociales y el efecto contagio: ¿qué rol juegan?

La viralidad digital aparece como factor amplificador. TikTok informó, citado por LA NACION, que dio de baja 1.200 videos en cuentas de adolescentes mendocinos que replicaban las amenazas. Además, el Ministerio de Seguridad provincial recibió más de 400 llamadas al 911 en la última semana por estos hechos, según fuentes oficiales citadas por el diario. Esos datos muestran que las plataformas no solo replican el fenómeno sino que lo hacen visible de forma explosiva.

Decir que las redes son la causa única sería una simplificación; son, en cambio, el amplificador de un conflicto social escolar. Los retos virales funcionan como manuales de imitación: una idea se convierte en práctica cuando hay espectadores y reproducciones. Por eso la respuesta tiene que incluir control razonable de contenidos, pero sobre todo educación digital, acompañamiento psicoeducativo y protocolos claros de reporte que no dependan solo de la visibilidad pública.

Qué pedimos: transparencia de datos, protocolos reproducibles y atención en salud mental

Observamos que las medidas punitivas son necesarias pero insuficientes. Reclamamos tres cosas concretas y complementarias. Primero, un tablero público y actualizado con los incidentes por escuela, fechas y medidas tomadas, según estándares reproducibles, para conocer la magnitud y comparar con semanas anteriores (transparencia solicitada por este medio el 10 de abril). Segundo, protocolos escolares obligatorios y uniformes que incluyan criterios de activación, comunicación a las familias y rutas de derivación a salud mental; hoy muchas escuelas deciden caso por caso y eso genera desigualdad.

Tercero, inversión en prevención: instancias obligatorias de apoyo psicopedagógico en escuelas que registren amenazas, formación docente en detección temprana y campañas dirigidas a familias sobre supervisión digital. No se trata de criminalizar adolescentes sino de combinar orden con acompañamiento. Vemos necesario que el Estado publique datos reproducibles y audite protocolos; sin datos públicos es imposible evaluar qué funciona. Mientras tanto, pedimos medidas que no se limiten a quitar mochilas, sino que pongan foco en la prevención y en la salud mental de chicos y chicas.

En síntesis, Mendoza enfrenta una ola de amenazas que exige a la vez respuesta firme y una política preventiva basada en datos. Solo así se puede salir del ciclo de reacción y entrar en uno de contención y reparación.