Profesionales de la nutrición alertan que el crecimiento en el uso de medicamentos para la obesidad obliga a protocolos y acompañamiento multidisciplinario: no se trata solo de recetar una pastilla. El Congreso Argentino de Graduados en Nutrición resaltó la necesidad de seguimiento por nutricionistas y equipos de salud ante el auge de fármacos como los agonistas del receptor GLP-1.
¿Qué están advirtiendo los nutricionistas?
Los graduados en nutrición insisten en dos puntos concretos: la eficacia relativa de algunos medicamentos y el riesgo de medicalizar sin atención integral. En los ensayos clínicos STEP con semaglutida 2,4 mg la pérdida media de peso fue de 14,9% a las 68 semanas (Wilding et al., NEJM, 2021). Al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud recuerda que la obesidad es un problema creciente: en 2016 había más de 650 millones de adultos con obesidad en el mundo (OMS, Global Health Observatory, 2016), y la prevalencia global de obesidad prácticamente se triplicó entre 1975 y 2016 (OMS). Esos números explican por qué la pregunta no es si usar medicamentos, sino cómo hacerlo con seguridad y equidad.
¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?
Vemos tres tensiones: acceso, costo y regulación. En el exterior la FDA aprobó semaglutida para manejo del peso en 2021, lo que potenció la demanda y la atención mediática (U.S. Food and Drug Administration, 2021). En Argentina hay interés creciente, pero no hay datos públicos consolidados sobre cuántas prescripciones se hacen, quién las receta y cuánto pagan los pacientes. Esa opacidad facilita mercados secundarios, desigualdades de acceso y prácticas clínicas heterogéneas. Pedir registros de prescripciones y precios no es burocracia: es una herramienta para medir efectos reales, costos y detectar efectos adversos. Sin esos datos, las decisiones públicas quedan a ciegas.
¿Qué políticas públicas hacen falta?
Exigimos transparencia y protocolos claros: un registro nacional de prescripciones de fármacos para la obesidad, datos abiertos por provincia y edad, y lineamientos obligatorios para equipos interdisciplinarios (médicos, nutricionistas, psicólogos). Además, es necesario monitorear efectos adversos y abandonos del tratamiento en tiempo real. Desde la esfera pública también corresponde evaluar cobertura y subsidios: sin criterios públicos, el acceso será desigual. La demanda por estos tratamientos no es mera moda; es respuesta a un problema con tres décadas de crecimiento. Por eso la política debe ofrecer reglas, no improvisación.
Cierre: lo que nadie cuenta y lo que pedimos
Lo que nadie cuenta es que el paciente que recibe un GLP-1 necesita más que receta: requiere educación nutricional, seguimiento metabólico y soporte psicosocial. Si no lo hacemos, transformamos una herramienta médica en un parche mediático. Por coherencia con nuestras posiciones sobre transparencia y datos abiertos, pedimos registros públicos, evaluaciones periódicas y protocolos claros para que la expansión de estos tratamientos sea segura, evaluable y justa. Solo así podremos medir si, además de reducir cifras en la balanza, mejoran la salud poblacional.
