El Parque Pereyra Iraola es, de acuerdo a LA NACION, el pulmón verde más grande del Área Metropolitana: 10.248 hectáreas que hoy conviven con basurales, autos abandonados, focos de inseguridad y personal que no alcanza para su mantenimiento.
¿Qué está pasando y por qué sucede?
La foto que pinta LA NACION mezcla dimensiones distintas: abandono logístico, presión humana pospandemia y problemas de jurisdicción. La directora del parque dijo que “el 80%” de los incendios está vinculado con la basura (LA NACION). El predio fue expropiado en 1950, declarado Reserva de Biosfera por la Unesco en 2007 y hoy administra funciones repartidas entre tres ministerios provinciales (LA NACION). En números: la provincia informó 63 trabajadores del Ministerio de Desarrollo Agrario y 19 del Ministerio de Ambiente; el aporte del Ministerio de Seguridad no fue informado a LA NACION. Si sumamos las cifras públicas, son 82 agentes para 10.248 hectáreas —es decir, aproximadamente una persona cada 125 hectáreas según los datos reportados— una proporción que explica la dificultad para mantener senderos, cortar pasto y vigilar zonas remotas. Además, hay relatos de ocupaciones junto a las vías desde 1999 y de sectores donde se acumula basura incluso en áreas de difícil acceso.
¿Cómo afecta esto a quien va al parque y a quiénes viven alrededor?
Si vas a salir al Pereyra, tené en cuenta que la combinación de basura y falta de iluminación genera riesgos concretos: robos de bicicletas, vidrios rotos a vehículos y situaciones que afectan especialmente a mujeres que transitan de noche. LA NACION recoge testimonios vecinales que hablan de “mucha basura” y de autos abandonados en la franja próxima a la rotonda de Alpargatas. También hay impacto ecológico: la Unesco registró 288 especies de aves y 870 plantas vasculares nativas, pero el avance urbano y el uso irregular de tierras —incluido el relato sobre un country que habría apropiado una laguna— desplazan fauna autóctona como carpinchos (LA NACION). La presión de visitas aumentó desde la pandemia, según la dirección y vecinos: los senderos que antes estaban poco concurridos hoy muestran el desgaste de miles de usuarios, y eso multiplica la generación de residuos. Para quienes trabajan o producen dentro del parque —unas 300 familias mencionadas por la dirección— la falta de infraestructura y de acompañamiento técnico dificulta la transición hacia prácticas como la agroecología que proponen las autoridades.
Qué se puede exigir hoy y qué alternativas hay para actuar
Lo que se sabe hasta ahora: la administración pide más personal y recursos para gestión, conservación y vigilancia; la cifra de trabajadores públicos declarados por LA NACION (63 en Desarrollo Agrario y 19 en Ambiente) es pública, mientras que el aporte de Seguridad no fue informado. Desde la mirada ciudadana, reclamar pasa por dos vías claras: exigir transparencia sobre presupuestos y planteles a los ministerios provinciales responsables y pedir controles efectivos contra los focos de basura que generan incendios. Propuestas prácticas para hoy: reforzar luminarias en los accesos concurridos (la dirección prometió hacerlo), instalar más puntos de recolección y señalización clara para los visitantes, y articular campañas de educación ambiental con escuelas y productores locales. Si vas a salir: evitá transitar de noche por sectores sin luz, no dejes restos de fogones y denunciá sitios con microbasurales. Para reclamos: dirigirse a los ministerios provinciales mencionados y pedir información pública sobre asignación de personal y presupuesto; la falta de respuesta del Ministerio de Seguridad, según LA NACION, es un punto que debe aclararse. Se necesita, además, que las autoridades locales y nacionales publiquen métricas verificables de recursos y avances para que la gestión deje de ser solo palabra y pase a números.
