El peritaje judicial difundido por La Nación muestra una secuencia de llamadas y mensajes entre el lobista Mauricio Novelli y funcionarios cercanos al presidente Javier Milei durante el lanzamiento y el colapso del criptoactivo $LIBRA el 14 de febrero de 2025. Según el diario, los registros incluyen comunicaciones con Milei, su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo, entre otros, y están en manos del fiscal Eduardo Taiano desde enero de 2026.
¿Qué muestran las llamadas?
Los registros, atribuidos por La Nación a peritajes de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal, consignan que el 14 de febrero de 2025 hubo siete llamados entre Milei y Novelli por un total de 13 minutos y 10 segundos. El mismo peritaje documenta al menos 11 llamados entre Novelli y Santiago Caputo que suman 35 minutos y 47 segundos, y aproximadamente 102 minutos de comunicación entre Novelli y el CEO de KIP Protocol, Julian Peh. Además, se mencionan al menos siete comunicaciones entre Novelli y Karina Milei durante las horas del colapso. La información publicada incluye horarios concretos de llamadas, pero no el contenido de las conversaciones, que aún no fue divulgado oficialmente.
¿Qué pruebas están disponibles y qué falta?
Según La Nación, los peritos de la Datip analizaron dispositivos secuestrados a Novelli y a otros imputados y entregaron registros telefónicos al fiscal Taiano en enero de 2026. Esos análisis habrían permitido recuperar tiempos y conexiones telefónicas, y cotejar registros de acceso a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos que, según el diario, muestran ingresos repetidos del lobista y sus socios durante el segundo semestre de 2024 y principios de 2025. No obstante, La Nación aclara que el contenido de las llamadas no está publicado; por eso resultan relevantes las actas, los listados de ingresos y cualquier comunicación administrativa que el Ministerio Público o la Casa de Gobierno puedan aportar. Comparado con la rapidez de difusión mediática del colapso, el peritaje llegó a manos del fiscal casi once meses después del hecho, lo que subraya la diferencia entre la cronología del suceso y la del procesamiento forense.
¿Qué consecuencias judiciales y políticas podrían derivarse?
El documento periodístico también recuerda que el drenaje de liquidez conocido como rug pull superó los US$ 100 millones para la medianoche del 14 de febrero de 2025, cifra citada por la propia nota y por reportes del sector cripto. En lo judicial, la existencia de vínculos y accesos reiterados puede orientar líneas de investigación sobre posible coordinación o incumplimientos legales, pero no equivale a una prueba de culpabilidad por sí sola. En lo político, la continuidad de llamadas posteriores al colapso y la versión de que hubo preparación previa de la entrevista televisiva del presidente del 17 de febrero de 2025 plantean preguntas sobre información privilegiada y responsabilidades institucionales. Esas hipótesis requieren comprobación documental: registros de llamadas con contenido, actas de ingreso, autorizaciones oficiales y cualquier comunicación escrita que sustente las supuestas coordinaciones.
Mantenemos cautela: exigimos publicación y verificación documental de actas, listados y comunicados antes de sacar conclusiones sobre alcance y efectos. El peritaje aporta datos cronológicos y cuantitativos relevantes, pero la distancia entre registros técnicos y certezas jurídicas obliga a priorizar la comprobación pública de documentos y a respetar el debido proceso en curso.
