La Nación publicó el 17 de marzo de 2026 que peritajes de la Datip recuperaron mensajes, audios y archivos que, según el diario, muestran pagos regulares de Mauricio Novelli a Javier Milei por servicios como “capacitador” desde 2021 y durante la campaña presidencial. El informe menciona montos específicos —por ejemplo, $200.000 pesos consignados en un listado del 27 de julio de 2023 y US$2.000 referidos en mensajes del 1 de agosto de 2023— y señala que material grabado de clases del Presidente siguió siendo ofrecido en la plataforma N&W Profesional Traders, según La Nación.

¿Qué pruebas aporta la nota?

La Nota de La Nación se apoya en un peritaje informático de la Datip que incluye intercambios de mensajes, audios y capturas de pantalla, según el mismo medio. Entre los elementos citados aparecen: mensajes donde Novelli instruye pagos en dólares a “la secretaria de Milei” (22/6/2023), registros de ventas de criptoactivos para disponer de dólares (5/7/2023) y audios donde se detallan sumas a pagar (2/4/2024). La pieza menciona además una publicación de Milei sobre el proyecto Vulcano Game del 18 de febrero de 2022. Esos documentos, tal como los describe La Nación, constituyen indicios digitales; no son equivalentes a comprobantes bancarios ni a contratos firmados. En ese sentido, la documentación aportada es relevante pero parcial: muestra conversaciones y promociones, no siempre evidencia de transferencia económica verificable.

¿Qué tipo de vínculo describe la investigación?

Según La Nación, el vínculo fue multifacético: Milei figuró como docente en cursos de N&W desde 2021, promocionó proyectos vinculados a Novelli en redes sociales en febrero de 2022 y participó como orador en Tech Forum en octubre de 2024. Los registros indican además que Novelli ingresó “en al menos dos ocasiones” a la Casa Rosada y que las imágenes de esas visitas fueron usadas para promover eventos. Eso describe una relación profesional y promocional que evolucionó con la posición pública de Milei: de clases por Zoom en 2021 a presencia en materiales promocionales cuando ya era presidente. Lo que no prueba el peritaje, según los mismos documentos citados, es el carácter contractual o la existencia de pagos formales registrados en bancos o facturas. Para establecer conflicto de interés o ilegalidad se necesitan conciliaciones bancarias, registros de facturación y cotejo con las declaraciones juradas, ausentes en la nota publicada.

¿Cómo impacta esto en la política y en la Casa Rosada?

La difusión de mensajes y audios con pagos presuntos genera preguntas sobre transparencia y obligaciones de los funcionarios. Para un lector argentino la duda natural es si esos vínculos implican influencia indebida o incumplimiento de normas de conducta. La nota recuerda hitos electorales: PASO del 13 de agosto de 2023 y balotaje del 19 de noviembre de 2023, fechas en las que la exposición pública de Milei aumentó notablemente; también menciona el colapso de $LIBRA la noche del 14 de febrero de 2025, que puso en foco a Novelli. Si los pagos documentados en mensajes —tanto en pesos como en dólares— coincidieron con la emergencia de proyectos privados y con el ingreso de sus promotores a la Casa Rosada, la demanda pública será por más transparencia. Pero transparencia no es conjetura: se necesitan comprobantes y audiencias públicas que permitan determinar alcance y posibles incumplimientos legales.

Resta por verificar: qué documentos y pasos se requieren

Para pasar de indicios a conclusiones probadas hacen falta, al menos, cuatro tipos de pruebas públicas: 1) extractos bancarios o comprobantes de transferencia que respalden los pagos que aparecen en mensajes; 2) contratos o recibos que acrediten la relación comercial entre Milei y N&W Profesional Traders; 3) registros oficiales de ingresos y autorizaciones para visitas a la Casa Rosada; y 4) cotejo con las declaraciones juradas del funcionario, si correspondiere. También es pertinente conocer si hubo facturación tributaria por los montos ofrecidos en los listados. Manteniendo la postura previa de este medio, exigimos publicación y verificación documental de actas, listados y comunicados antes de sacar conclusiones definitivas. La información difundida por La Nación describe elementos que ameritan investigación, pero no suplen la prueba documental completa necesaria para determinar responsabilidades legales o administrativas.

Osvaldo Santini