El abogado querellante Martín Romeo solicitó ante la Justicia federal que se cite a indagatoria al presidente Javier Milei y a su hermana, Karina Milei, en la causa que investiga la supuesta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA. La presentación, según La Nación, incluye al total de los 15 imputados del expediente y atribuye a la organización un vaciamiento de US$44,5 millones; el escrito fue presentado el 5 de abril de 2026.
¿Qué se pide y quiénes están señalados?
La petición formal reclama la citación a indagatoria de 15 personas; entre los nombrados están Javier Milei, Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el mediador Mauricio Novelli, además de Hayden Davis, identificado por la querella como principal responsable de la operación, según La Nación. El escrito —descrito por el diario como “de más de 200 páginas”— atribuye a la trama una maniobra de tipo “rug pull” que habría dejado al activo sin liquidez y sustrajo, siempre según la presentación, US$44,5 millones. La querella además menciona un contrato por US$1.550.000 por el que, dice, se vendió acceso presidencial y la posibilidad de redactar marcos regulatorios; esa anotación aparece en un apunte digital que, según el escrito, rezaba “Pago Javier kari”.
¿Qué pruebas y alegatos incorpora la querella?
El escrito detalla cronologías, mensajes y anotaciones digitales que, según Romeo, prueban coordinación y beneficio de “insiders”. Se menciona un tuit del 14 de febrero de 2025 que habría funcionado como “gatillo” para atraer inversores, y la querella afirma que la maniobra tuvo compra por parte de esos “insiders” segundos antes del anuncio. Además describe supuestas infiltraciones en la Comisión Nacional de Valores, citando a Sergio Morales como asesor del directorio mientras era socio administrador de una empresa vinculada a la operatoria. La presentación incluye también denuncias de lavado y vaciado de cajas de seguridad en un banco privado, y transferencias masivas hacia plataformas informales de cambio, según la reconstrucción que publica La Nación. La solicitud de indagatoria fue presentada el 5/4/2026, aproximadamente 14 meses después del tuit citado (14/2/2025), según el propio relato del querellante.
¿Qué puede resolverse en la Justicia y qué pedimos como medio?
La instancia inicial corresponde a que el juez federal evalúe el escrito, determine si pide informes a fiscales y organismos como la CNV, y si ordena indagatorias formales. La convocatoria a indagatoria no equivale a un juicio ni a una condena; es una etapa dentro del proceso investigativo. Como medio, mantenemos cautela: exigimos la publicación y verificación del texto íntegro de la presentación, las actas y los peritajes contables y de blockchain antes de evaluar alcance político o judicial, en línea con nuestras posiciones previas del 5 y 6 de abril de 2026. Es clave que se exhiban las pruebas técnicas que permitan auditar movimientos en cadenas de bloques y transferencias, y que cualquier anotación digital citada sea sometida a peritaje forense para confirmar autorías y fechas.
Consecuencias probables y siguientes pasos
Si el juez acepta parte del relato de la querella, podría disponer medidas probatorias: pedido de informes a plataformas cripto, bloqueos preventivos y citaciones a los imputados. En paralelo, los defensores pueden pedir la exclusión de pruebas o contradicciones técnicas sobre la trazabilidad de fondos. La causa suma elementos políticos y técnicos; por eso reclamamos transparencia procesal y peritajes independientes. Hasta que esos documentos y dictámenes estén disponibles y verificados por peritos oficiales, corresponde evitar conclusiones definitivas sobre responsabilidad penal o política. Mantendremos seguimiento de los pasos judiciales y actualizaremos la información cuando las fuentes y los peritajes estén publicados y comprobados.
