La oposición en el Congreso pidió investigar préstamos hipotecarios millonarios otorgados por el Banco de la Nación Argentina (BNA) a funcionarios y legisladores del gobierno de Javier Milei, según publicó LA NACION el 1/4/2026. Los datos difundidos provienen del visualizador “¿Cuánto deben?”, que usa información de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En la lista aparecen montos que oscilan entre cientos y varios cientos de millones de pesos, con fechas de inicio de los saldos reportados entre 2025 y 2026.
¿Qué dicen los números?
Según la nota de LA NACION y el visualizador “¿Cuánto deben?” (datos de la Central de Deudores del BCRA), Felipe Núñez figura con una deuda reportada de $373.000.000 desde febrero de 2025; Federico Furiase con $367.059.000 desde agosto de 2025; y Pedro Inchauspe con $510.654.000 desde diciembre de 2025. También se consignan montos para otros funcionarios: un crédito de $112.948.000 para Juan Pablo Carreira y $309.507.000 para Emiliano Mongilardi, indicó el relevamiento. La publicación precisa las fechas en que se registraron esos saldos en la base pública. Además, LA NACION recordó que el BNA reportó haber concedido más de 27.000 préstamos desde el lanzamiento de su línea hipotecaria (según comunicado del BNA), y que más del 95% de los empleados del sector público mantienen cuentas en la entidad, según la misma fuente.
¿Qué responde el Banco Nación y qué falta verificar?
El BNA publicó en X un comunicado en el que afirmó que el proceso de otorgamiento es “homogéneo, sin excepciones” y destacó su participación en el mercado hipotecario. La entidad informó que cuenta con la línea “+Hogares sector público”, que permite financiar hasta el 90% del valor del inmueble frente al 75% de la línea general, y que ofrece una tasa nominal anual del 6% en esa línea, según el comunicado citado por LA NACION. En contraste, mencionaron fuentes del mercado que el ICBC aplica alrededor de 6,9% y que otras entidades privadas se ubican entre 7,5% y 9% anual. También está consignado que desde 2024 existe una línea diferencial para empleados y funcionarios públicos. Por lo demás, el Ministerio de Economía y el BCRA no respondieron las consultas que consignó LA NACION. En este punto resulta imprescindible, como ya hemos señalado, la publicación y verificación de escrituras, hipotecas y declaraciones juradas para confirmar beneficiarios, plazos, garantías y condiciones aplicadas.
Consecuencias y pasos siguientes
El diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes y un pedido de acceso a la información ante el BNA, reclamando precisiones al Ministerio de Economía, a la Jefatura de Gabinete y al directorio de la entidad, según la cobertura de LA NACION. Paulón sostuvo que llama la atención la concentración de créditos de varios cientos de millones y pidió investigar si hubo otorgamientos luego de afiliaciones partidarias o votaciones trascendentes. En términos institucionales, los pasos esperables son: recepción del pedido de informes, remisión de la documentación solicitada (contratos, escrituras y declaraciones juradas) y, si hubiera inconsistencias, eventuales medidas administrativas o judiciales. También citó el antecedente de los créditos a Vicentin como referencia sobre riesgos y controles. Nosotros mantenemos la postura de cautela: exigimos la publicación y verificación documental de las hipotecas, escrituras y declaraciones juradas antes de evaluar el alcance político o judicial de estos hechos. Resta definir si la información pública disponible en la Central de Deudores permite aclarar todas las dudas o si será necesario ampliar el acceso a documentación complementaria.
