El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó su “suma preocupación” por la solicitud del Poder Ejecutivo Nacional de retirar del Senado el pliego de María Verónica Michelli, informó La Nación el 1/6/2026. El expediente, remitido por el Ministerio de Justicia, tenía nueve firmas en la Comisión de Acuerdos; según la misma nota, esas nueve firmas representan la mayoría y alcanzarían para dictamen, pero el oficialismo se negó a habilitar su tratamiento.

Contexto y hechos

El dato central es sencillo: el Ministerio de Justicia envió al Senado el pliego de Michelli y el 1/6/2026 La Nación consignó que el Ejecutivo pidió su retiro. El texto de la nota indica que la objeción oficial se funda en un vínculo familiar: Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, autor de investigaciones sobre el caso $LIBRA y sobre el patrimonio del jefe de Gabinete Manuel Adorni. La Comisión de Acuerdos, según la nota, firmó un pliego con nueve firmas, cantidad que la propia fuente describe como suficiente para convertirse en dictamen. La medida fue impulsada por el presidente de la Comisión, el senador Juan Carlos Pagotto; la solicitud también fue firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Todos estos datos figuran en la nota de La Nación (1/6/2026).

¿Por qué el Gobierno pidió retirar el pliego?

La explicación oficial, tal como la registra la fuente, apela a posibles conflictos de interés o a la apariencia de falta de imparcialidad por el vínculo entre la candidata y un periodista que investigó a actores del oficialismo. En paralelo, organizaciones como Será Justicia calificaron la medida como un “ataque directo a la libertad de prensa”, según la misma cobertura. Ambas versiones —riesgo de conflicto versus protección de la prensa— están documentadas en la nota base. Es relevante recordar que el senador Pagotto llegó a la Cámara alta en 2023, dato que ayuda a colocar la decisión en una línea temporal: 2023 versus 2026, un lapso en el que se reconfiguraron mayorías y cargos. Mantenemos cautela: exigimos verificación de los textos, las actas y los anexos del expediente antes de extraer conclusiones sobre motivos ocultos o fines electorales.

Consecuencias y posibles escenarios

Si el pliego con nueve firmas efectivamente reúne la mayoría para dictamen y aun así no se habilita su tratamiento, hay al menos dos consecuencias claras. Primero, se refuerza la percepción de que las designaciones judiciales pueden quedar supeditadas a decisiones políticas del Ejecutivo; segundo, se genera un litigio político entre entidades profesionales, organizaciones de la sociedad civil y el oficialismo. La nota indica que la negativa oficial podría frustrar la designación, pero no detalla pasos procesales posteriores: no figura en la fuente si existe recurso administrativo o judicial en trámite ni si el Senado podrá reponer el tratamiento. En ese vacío, pedimos transparencia: que se publiquen los textos, las actas y los anexos del procedimiento, para que la ciudadanía y los actores institucionales puedan verificar si se respetaron criterios de idoneidad y antecedentes profesionales.

En términos de consecuencias políticas, cualquier interpretación que ligue la medida a la agenda electoral del Gobierno debe partir de documentos y actas verificables; hasta tanto esos documentos estén disponibles, mantenemos la postura previa de cautela. Si el Ejecutivo busca evitar la designación por razones de afinidad política, la discusión pasará por la necesidad de reglas claras y por el control público de los procedimientos de selección. Si, en cambio, la objeción tiene sustento en incompatibilidades objetivas consignadas en actas o anexos, la justificación deberá probarse con esos mismos documentos.

En suma, los hechos consignados por La Nación (1/6/2026) —pliego enviado por el Ministerio, nueve firmas en Comisión, pedido de retiro firmado por Mahiques y promovido por Pagotto— obligan a pedir acceso y verificación. Sin esos textos no es posible evaluar con rigor ni el alcance jurídico de la decisión ni sus eventuales derivaciones políticas. Mantenemos cautela y exigimos que se publiquen las actas y anexos del expediente para que el debate se base en documentos verificables, no en lecturas políticas anticipadas.