El proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad que presentó el Gobierno y ya trata el Senado modifica la ley de integración sociourbana y, según fuentes consultadas por La Nación, podría habilitar la iniciación de juicios de desalojo en barrios populares donde hoy rige una suspensión. La nota cita que alrededor de 5 millones de personas viven en villas y asentamientos, y que la nueva redacción terminaría con la suspensión de desalojos, según Bárbara Bonelli, directora de Hábitat para la Humanidad en Argentina.
¿Podría habilitar desalojos masivos?
El punto más concreto del debate es la derogación de la declaración de utilidad pública de los terrenos donde se asientan muchos barrios populares, un requisito que facilita la expropiación y la posterior escrituración, según La Nación. Bonelli advierte que el cambio “termina con la suspensión de los desalojos” y que la ley permitiría tanto al Estado como a privados iniciar juicios. La nota aporta cifras: actualmente habría 150 juicios de desalojo activos que afectan a 4.500 familias, y en total se menciona que 1.200.000 familias (unos 6.500 barrios populares) podrían quedar expuestas. Estas cifras las atribuye la fuente a la ONG citada en la crónica. El proyecto también aparece ligado a críticas sobre la eficacia de la ley vigente: el Gobierno ha señalado que desde 2018 solo el 0,08% de las viviendas logró título de propiedad; esa alegación, si bien cuantitativa, requiere cotejo con los registros oficiales y la verificación del método de cálculo.
¿Qué pasa con los certificados y las escrituras?
La discusión técnica tiene un efecto práctico: La Nación recuerda que se emitieron cerca de 870.000 certificados de vivienda en barrios populares, documentos que sirven para conexiones de servicios y acceso a programas. Bonelli plantea que la derogación prevista podría poner en riesgo la validez práctica de esos certificados y generar una ola de medidas cautelares. En términos temporales, la nota señala que el 50% de los barrios populares se creó en los últimos 25 años, lo que confronta proyectos de regularización recientes con la posible reversión normativa. Además, hay variación en la titularidad de los terrenos: muchos son fiscales, otros privados y algunos ubicados en áreas de riesgo o cercanas a basurales; la influencia de esa condición sobre el valor y la habitabilidad debe evaluarse con catastros y peritajes. La pregunta operativa es simple: ¿se protege la tenencia de las familias o se prioriza el reestablecimiento pleno del derecho de propiedad sin mecanismos transitorios? La respuesta exige datos que aún no están en el expediente público tal como lo informó La Nación.
¿Qué sigue y qué deberían verificar los legisladores?
Antes de sacar conclusiones políticas o judiciales conviene cumplir tres pasos mínimos. Primero, publicar y difundir el texto final del proyecto y las versiones de comisión para poder comparar redacciones; segundo, poner a disposición los catastros, los listados de juicios activos y el registro de certificados para que las cifras citadas —por ejemplo, 150 juicios y 4.500 familias afectadas, o 870.000 certificados— puedan ser verificadas por terceros; tercero, incorporar salvaguardas en la ley para procesos de escrituración progresiva, plazos de transición y mecanismos de compensación a propietarios que no impliquen dejar a familias en la calle. La discusión legislativa no es solo técnica: tiene efectos concretos en 1.200.000 familias y en cerca de 2 millones de niños y niñas, según la nota de La Nación que cita a Hábitat para la Humanidad. En ese marco, vale recordar que iniciativas para acelerar desalojos ya se han discutido en el Congreso; puede consultarse una cobertura previa sobre proyectos afines Milei envía al Congreso un proyecto para acelerar desalojos si se busca contexto legislativo.
Nuestra posición editorial es de cautela: antes de evaluar alcance político o judicial exigimos verificación del texto final, las actas y los registros que permitan contrastar las cifras e interpretar cómo operaría la norma en los barrios populares. El debate público gana cuando se basa en datos y en propuestas de transición comprobables; por ahora, falta esa documentación en el expediente público citado por la nota.
