Se trata de los profesionales que diseñan estructuras para ocultar y mover fondos ilícitos: contadores, escribanos, bancos, financistas y operadores que, según La Nación y expedientes judiciales citados por ese medio, participaron en maniobras con montos que incluyen más de US$1 millón transferidos el 30 de enero de 2025 a un tercero.
Quiénes son y cómo operan
Los “sherpas” o “facilitadores profesionales” diseñan el andamiaje legal y financiero para operaciones opacas, desde constitución de sociedades offshore hasta circuitos informales de transferencia de valor. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), estas tipologías se conocen como “professional money laundering”. La normativa local incluye a estos actores: la Resolución UIF 156/2018 (2018) impone obligaciones de reporte a contadores, escribanos y abogados, según la Unidad de Información Financiera (UIF) y la propia resolución. Ejemplos citados por La Nación incluyen a Ernesto Clarens y Víctor Manzanares; también se menciona un caso en el que un jubilado de 75 años recibió más de US$1 millón el 30/01/2025 —la transferencia se completó 42 minutos después de una publicación pública— según la reconstrucción periodística y fuentes judiciales.
¿Por qué es difícil perseguirlos?
El principal obstáculo no es la falta de normativa sino la prueba del dolo. La Justicia federal y las cámaras han aplicado estándares que requieren demostrar que el facilitador conocía el destino criminal de los fondos. La Cámara Federal, en fallos citados por La Nación, revocó procesamientos porque sostuvo que la mera estructuración de una operación no prueba por sí sola la participación directa en delitos. En causas vinculadas al control de concesiones viales se investigó el lavado de cerca de US$1,5 millón —según imputaciones— y en otros expedientes se documentó el blanqueo de al menos US$60 millones relacionado con la operatoria de bancos suizos, que llevó a condenas en algunos casos y revocaciones en otros. También hay sentencias condenatorias contra ejecutivos bancarios: dos ejecutivos fueron condenados a 4 años y medio y 3 años de prisión por su rol en estructuras de expatriación de fondos, según fallos publicados.
Qué herramientas existen y qué falta para avanzar
La normativa y las tipologías internacionales existen; la UIF exige reportes y GAFI define estándares. Pero la brecha es operativa y probatoria: hacen falta investigaciones financieras más profundas, cooperación internacional efectiva y mayor capacidad forense para trazar el origen y el destino de fondos en cadenas que incluyen bancos, fiduciarias y sociedades pantalla. En la práctica, como mostró la causa contra la familia Báez y los procesamientos vinculados a Lombard Odier, algunas investigaciones lograron condenas mientras otras se frenaron en instancias de apelación. Desde 2018, con la Resolución UIF 156/2018, hasta 2025 la normativa sigue vigente, pero los casos recientes muestran la persistencia de la práctica y la necesidad de reforzar investigaciones y registros contables, según informes judiciales y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Consecuencias prácticas y una postura prudente
Para el esquema político y judicial esto implica dos efectos claros: primero, que la existencia de facilitadores no es exclusiva de un signo político —aparece en causas vinculadas a distintas administraciones—; segundo, que sin mejoras en la recolección de evidencia y en la cooperación internacional las condenas seguirán siendo parciales. Reforzar la UIF, agilizar rogatorias y exigir transparencia bancaria son medidas recurrentes en recomendaciones internacionales. Mantenemos cautela: exigimos verificación del texto final, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial de nombres y transferencias citadas por medios y expedientes. Las cifras y fallos aquí mencionados provienen de reconstrucciones periodísticas y de expedientes públicos citados por La Nación y organismos como la UIF y Procelac.
