El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, pidió al Senado nacional que revea los límites entre La Rioja y San Juan y cuestionó la legitimidad de acuerdos firmados en 1968, luego de que una resolución judicial suspendiera por 30 días actividades vinculadas al proyecto minero Vicuña que atraviesa logística riojana (fuente: LA NACION, 21/4/2026). Los hechos combinan una disputa territorial con una medida cautelar de la Justicia provincial que, según la nota, bloqueó tránsito de maquinaria y cerró caminos estratégicos en territorio riojano.

¿Qué pide Quintela y en qué se apoya?

Quintela sostuvo en una entrevista radial que los convenios limítrofes vigentes fueron firmados por gobernadores durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y que, por esa razón, deberían revisarse en el recinto del Senado (LA NACION, 21/4/2026). El reclamo aparece tras la presentación de la Fiscalía de Estado de La Rioja que motivó la suspensión judicial de actividades del proyecto Vicuña por 30 días, medida dictada por la jueza María Greta Decker de la Cámara de Chilecito (LA NACION). La referencia temporal es central: los acuerdos mencionados datan de 1968 —hace 58 años—, y esa antigüedad es parte del argumento político de Quintela para solicitar intervención legislativa. En su planteo, Quintela diferenció la responsabilidad empresarial de la jurisdicción provincial y pidió cierto gesto de “generosidad” por parte de San Juan; además vinculó el conflicto con decisiones administrativas y judiciales recientes.

¿Qué responde San Juan y qué dice la Justicia?

El gobernador sanjuanino Marcelo Orrego rechazó la objeción sobre la jurisdicción y afirmó que la legalidad del proyecto Josemaría (y la posición jurídica de San Juan sobre Vicuña) resulta de convenios y una ley convalidada por el Congreso, según la cobertura de LA NACION. Orrego negó responsabilidad sobre el tramo del informe de impacto ambiental que la Justicia riojana reclama a la empresa y mantuvo que la titularidad sanjuanina del yacimiento es inobjetable. En el plano judicial, la jueza Decker ordenó la suspensión de actividades por 30 días y el bloqueo de caminos en La Rioja alegando falta de presentación del Estudio de Impacto Ambiental en esa provincia (LA NACION, 21/4/2026). La situación muestra una superposición de jurisdicciones: la explotación está en San Juan, la logística atraviesa La Rioja, y la Justicia provincial decidió intervenir en vías que afectan el tránsito entre ambas provincias.

¿Qué consecuencias prácticas y políticas puede traer esto?

En lo inmediato, la suspensión judicial por 30 días (LA NACION) afecta la logística del proyecto Vicuña y puede prolongar retrasos en abastecimiento y movimiento de maquinaria si persiste el cierre de caminos. En lo político, la solicitud de Quintela de que el Senado defina soberanía sobre la zona eleva el conflicto a una instancia federal, lo que podría derivar en debates legislativos sobre convenios firmados hace décadas y en reclamos por revisión de actas y registros. Mantenemos cautela: exigimos verificación del texto final, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial. La Casa Rosada sigue el caso por la magnitud de Vicuña, descrita por LA NACION como uno de los proyectos mineros más importantes del país; el cruce entre una medida judicial provincial y una petición legislativa resume un conflicto de competencias que puede tener efectos sobre la inversión y la gobernabilidad regional.

Qué sigue y preguntas abiertas

Resta que el Senado reciba formalmente el pedido de Quintela o que se presenten recursos judiciales que modifiquen la suspensión de 30 días (LA NACION). Deben verificarse el texto de los acuerdos de 1968, las actas de convalidación nacional y los estudios ambientales exigidos en cada jurisdicción; sin esa documentación no es posible evaluar plenamente la validez de los reclamos. A la espera de esos documentos, el escenario combina un conflicto administrativo-jurídico con un componente político que puede escalar si alguna de las partes busca una definición federal. Seguiremos la evolución con las actas y la documentación que ambas provincias y el Congreso puedan aportar.