Rectores y representantes estudiantiles y gremiales ratificaron la cuarta Marcha Federal Universitaria convocada para el martes 12 de mayo a las 17 en Plaza de Mayo en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, según la cobertura de LA NACION. La convocatoria fue encabezada por el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, quien volvió a señalar la situación de financiamiento como “el punto histórico más bajo”.
¿Por qué marchan las universidades?
El reclamo se concentra en el incumplimiento de una norma aprobada por el Congreso y respaldada por decisiones judiciales, según el CIN y la cobertura periodística. El rector Franco Bartolacci afirmó que la inversión universitaria está en 0,4% del PBI, y que “desde 2023 hasta la actualidad las transferencias al sistema universitario cayeron un 45,6%”, datos que atribuyó ante los medios durante la conferencia. El conflicto se inició con un amparo presentado en octubre de 2025; en diciembre de 2025 el juez federal Martín Cormick dio lugar a una medida cautelar que ordenó reconocer actualizaciones salariales y de becas previstas en la ley, según LA NACION. Los rectores sostienen que, tras agotar las vías institucionales, la movilización es la herramienta para visibilizar un reclamo que —afirman— afecta salarios y programas de asistencia estudiantil.
¿Qué dicen los fallos y qué sigue en la Justicia?
La vía judicial es central en el cuadro actual. LA NACION recuerda que en diciembre de 2025 una medida cautelar de primera instancia favoreció a las universidades; a finales de marzo de 2026 la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal —con las firmas de Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán— confirmó esa cautelar. El Ejecutivo apeló argumentando que la cautelar equivalía a una “sentencia anticipada” y elevó el caso a la Corte Suprema, solicitando la intervención de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes, según la nota, son a su vez docentes universitarios en funciones o en licencia. El resultado en la Corte definirá si las decisiones judiciales vigentes obligan al Ejecutivo a ejecutar las partidas previstas; hasta entonces, las medidas cautelares mantienen exigencias prácticas sobre salarios y becas, pero la situación administrativa y presupuestaria sigue sujeta a posibles recursos y a la interpretación final del máximo tribunal.
¿Cómo puede repercutir la movilización?
La convocatoria busca sumar a la sociedad en general, más allá de la comunidad universitaria, según Bartolacci: “Necesitamos que seamos muchos y muchas en todas las plazas del país”. En lo inmediato, la movilización puede intensificar la presión política sobre la Casa Rosada y visibilizar el peso del reclamo: se trata de la cuarta marcha federal universitaria en el contexto de un primer cuatrimestre con aumento de acciones gremiales y reclamos estudiantiles, según LA NACION. En términos prácticos, si la protesta se replica en múltiples plazas podría afectarse la agenda pública y forzar negociaciones específicas sobre partidas y cronogramas de pago; también existe el riesgo de que la conflictividad se traslade a medidas de fuerza que impacten la actividad académica. Políticamente, el escenario es volátil: una interlocución efectiva requerirá claridad sobre la fuente de financiamiento y la voluntad ejecutiva para acatar fallos judiciales.
En este momento editorial mantenemos cautela: exigimos verificación del texto final, actas y registros antes de evaluar el alcance político o judicial de la movilización y de las decisiones pendientes en la Corte. La marcha del 12 de mayo será una instancia relevante para medir adhesión y presión; la resolución final del conflicto dependerá tanto del fallo supremo como de la capacidad de las partes para traducir decisiones judiciales en partidas concretas y calendarios de pago, elementos que aún no están disponibles en forma pública y verificable.
