La documentación publicada por LA NACION y un informe del Registro de la Propiedad Inmueble describen un circuito societario por el que, entre enero de 2020 y agosto de 2024, pasaron al menos dos departamentos en Belgrano y una mansión en Pilar vinculados a personas del entorno de Pablo Toviggino.

Qué muestran los registros y las cifras

Según el informe registral al que tuvo acceso LA NACION, un departamento de 217 m2 en Belgrano fue comprado en enero de 2020 por María Florencia Sartirana por US$513.000, y figura con cochera. Ese mismo piso aparece vendido a SOMA SRL en septiembre de 2023 por US$800.000 y finalmente escriturado a nombre de Real Central en agosto de 2024, siempre según los registros citados por el medio. Otro departamento del mismo edificio siguió un recorrido societario similar: comprado, transferido y anotado a favor de Real Central en la misma fecha. Los papeles registrales consignan además que la mansión de Pilar figura a nombre de Ana Lucía Conte y fue valuada por peritos judiciales en US$20.815.100, dato publicado por LA NACION.

El registro societario aporta otra cifra relevante: SOMA SRL absorbió en su momento el 95% de las acciones de Malte SRL, lo que, en la práctica, limita la independencia económica entre esos vehículos. Estas cifras y fechas provienen de los registros citados por LA NACION y del informe del Registro de la Propiedad Inmueble.

¿Qué investiga la Justicia y qué cambios procesales están en juego?

Fuentes judiciales consultadas por este medio señalan que el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, mencionó los dos departamentos en su dictamen cuando pidió la detención de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, según la nota de LA NACION. El expediente principal está en el juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, pero el fiscal Gabriel Pérez Barberá dictaminó que la causa debe salir de Campana; esa decisión espera la resolución de la Cámara en lo Penal Económico.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Diego Velasco, sugirió pedir nuevamente documentación a Estados Unidos por otra vía, tras intentos de impugnación de pruebas por parte de defensas. Estos pasos procesales —traslado de la causa, pedidos de nuevos requerimientos internacionales— determinan el ritmo y alcance de la investigación, conforme a las fuentes citadas por el mismo artículo periodístico.

Cómo describen los documentos el circuito de fondos

Documentación y materials citados por LA NACION incluyen registros llamados discoveries de la Justicia estadounidense y comunicaciones internas. Esos documentos consignan una transferencia de US$40.000 realizada por TourProdEnter el 30 de diciembre de 2024, según la publicación, y registran instrucciones como ‘llevale a Pablo a Montevideo’ que, en la versión periodística, describen rutas de cash y movimientos operativos.

Además, un video atribuido a un excolaborador, Juan Pablo Beacon, muestra fajos de efectivo y menciona montos puntuales, incluido un registro de $115.600 en billetes en una grabación fechada en mayo de 2022, según LA NACION. Las piezas probatorias que aluden a entregas en efectivo y a oficinas en Montevideo son parte de lo que la fiscalía y la Procuraduría proponen volver a pedir o complementar a través de canales internacionales.

Qué dicen los vecinos y cuál es la información societaria complementaria

Vecinos consultados por LA NACION describen movimientos de seguridad y camionetas en los edificios —un bloque de 14 unidades en el que están los dos pisos de Belgrano— y relatan medidas extraordinarias de acceso durante la pandemia. En los registros societarios aparece además que la madre de uno de los apoderados figura como responsable de pagos de servicios en los inmuebles y que, paradójicamente, durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), dato publicado por el medio.

Los antecedentes societarios muestran que las transferencias inmobiliarias se hicieron entre empresas de estructura cerrada; SOMA SRL, Malte SRL y Real Central son, según la nota, piezas de ese entramado. Hasta aquí las fuentes públicas consignadas por LA NACION y por los registros oficiales son las que sostienen los movimientos descritos; la verificación plena de escrituras, actas societarias y documentos bancarios es imprescindible para consolidar el cuadro probatorio.

Qué falta verificar y cuál es la postura editorial

A la luz de lo publicado, hay documentación pública que obliga a seguir la investigación: escrituras, informes periciales y discoveries estadounidenses contienen cifras y fechas que ameritan contraste formal. Repetimos la postura adoptada: mantenemos cautela —exigimos verificación de textos, actas y anexos antes de evaluar alcance político, económico o judicial—. Si la Cámara confirma el traslado del expediente o si llegan nuevas pruebas internacionales, el estado probatorio cambiará; por ahora, los datos disponibles provienen de registros y del trabajo periodístico citado.

La medida práctica para avanzar en la claridad del caso es la solicitud formal y pública de esos documentos por parte de los fiscales y jueces intervinientes, y la cotejo de las transferencias societarias con la información bancaria. Hasta que eso ocurra, las piezas periodísticas y registrales son indicativas pero no concluyentes, y deben ser tratadas como tales.