El subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D’Agostino, presentó su renuncia el 12 de abril de 2026 tras ser denunciado por su expareja por abuso sexual, lesiones y amenazas, según informó La Nación. La denuncia fue radicada ante la Unidad Fiscal de Delitos de Violencia de Género y la fiscal que instruye la causa es Valeria Bottini, conforme al mismo informe. D’Agostino rechazó los cargos y señaló en su carta que su salida busca garantizar la transparencia y no entorpecer la investigación.

¿Qué acusa la denuncia y qué medidas pidió la denunciante?

De acuerdo a La Nación, la presentación judicial relata hechos que habrían ocurrido entre 2021 y 2024, con una prolongación del hostigamiento hasta fines de 2025. La denunciante, identificada en la nota como su excónyuge y profesional reconocida, aportó audios y registros fotográficos de lesiones, según el medio. En la demanda se solicitó, siempre según La Nación, prohibición de acercamiento, retención del pasaporte, restricción de salida del país, botón antipánico y embargo preventivo de bienes; además, se pidió protección para la abogada de la víctima. El Ministerio Público Fiscal confirmó a La Nación la presentación de la denuncia y afirmó que «se encuentran en curso las medidas correspondientes conforme a los protocolos vigentes y a la naturaleza de los hechos denunciados», según la cobertura.

¿Qué peso político y judicial tenía D’Agostino y cómo puede impactar su salida?

La Nación describe a D’Agostino como una figura clave en la relación del gobernador Alfredo Cornejo con el Poder Judicial, con una trayectoria en la subsecretaría de Justicia desde 2015 y continuidad en el cargo durante el mandato de Rodolfo Suárez, según el mismo informe. En la nota se lo calificó como «brazo ejecutor» del gobernador en tribunales y se le atribuye un rol relevante en la gestión de reformas judiciales y en el vínculo con jueces, fiscales y el Consejo de la Magistratura. Fuentes cercanas al gobierno consultadas por La Nación señalan que su partida representa un golpe a la estructura de interlocución judicial del Ejecutivo provincial. Ante este tipo de vacíos, las variables a seguir son administrativas y políticas: quién asume interinamente, cómo se preservan causas en curso y si se modifican canales de interlocución con la Justicia. Estas decisiones tendrán impacto procedural inmediato y costos políticos en la provincia.

Procedimiento judicial y qué sigue: plazos y verificaciones necesarias

La investigación está en manos de la Unidad Fiscal de Delitos de Violencia de Género, a cargo de la fiscal Valeria Bottini, según La Nación. Para evaluar el alcance jurídico será necesario acceder al texto completo de la denuncia, a las actas de medida y a los registros que la denunciante aportó, como los audios y las fotografías mencionadas en la cobertura. Mantenemos cautela: exigimos verificación del texto final, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial. En paralelo, la solicitud de medidas precautorias —prohibición de acercamiento, retención de pasaporte, botón antipánico y embargo preventivo—, de ser aceptada por la fiscalía o un juez, implicaría limitaciones rápidas a la libertad de acción del denunciado. Los tiempos procesales para resolver medidas urgentes en causas de violencia de género suelen ser de días a semanas, de acuerdo con protocolos de la Fiscalía de la Nación y prácticas provinciales; será importante registrar cada resolución judicial y la fundamentación que la respalde.

En la cobertura de La Nación también se consignó que D’Agostino se separó de su esposa Anabel Molina, quien a fines de 2025 fue designada jueza de Cámara en la Tercera Circunscripción Judicial, dato que puede ser relevante para evaluar eventuales conflictos de interés o recusaciones en el fuero, si la causa así lo exige. Ante acusaciones de esta naturaleza, el periodismo debe evitar conjeturas y ceñirse a documentos y resoluciones. Reiteramos la necesidad de que la Fiscalía y el Poder Ejecutivo faciliten acceso a actas y registros procesales pertinentes para que la evaluación pública se base en pruebas verificadas y no en versiones. En ausencia de esos documentos, toda conclusión sería prematura.