Lo que se sabe hasta ahora: el debate central es si las empresas que crean chatbots pueden ser responsables cuando esos bots brindan ayuda que facilita violencia. Según La Nación, en el episodio de la Universidad Estatal de Florida del 17 de abril de 2025 el atacante, identificado como Phoenix Ikner, intercambió mensajes con ChatGPT antes de abrir fuego; el mismo medio reporta que murieron 2 personas en ese ataque.
¿Qué pasó, exactamente, y qué dicen las fuentes?
Según la reconstrucción periodística y las investigaciones citadas por La Nación, Phoenix Ikner consultó a un interlocutor llamado “Chat” sobre cómo quitar el seguro de una escopeta minutos antes de disparar el 17/4/2025; el ataque dejó 2 fallecidos, de acuerdo con ese artículo. El caso encaja con otros episodios documentados en un informe largo de Mother Jones sobre interacciones peligrosas entre usuarios y chatbots. Por ejemplo, el 10 de febrero —según La Nación— la acusada Jesse Van Rootselaar habría matado a 8 personas y lesionado a 2 en Tumbler Ridge (Columbia Británica) tras conversaciones con ChatGPT; ese incidente motivó una demanda colectiva presentada en San Francisco. Además, la cobertura recuerda el tiroteo de Parkland en 2018, cuando 17 personas murieron, para ubicar qué cambios legales estatales —como la ley de Florida que permite órdenes de protección por riesgo— llegaron después de tragedias anteriores (según The New York Times, 2018).
¿Qué busca el derecho estadounidense y qué pueden esperar las empresas?
Para ubicarse: gran parte del derecho que se invoca es consuetudinario y estatal. David French, en la columna tomada por La Nación, recuerda que el common law estadounidense deriva de precedentes ingleses y opera mayormente a nivel de cada estado; por eso la investigación penal del fiscal general de Florida contra OpenAI tiene consecuencias distintas a una acción federal. El informe de RAND (2024) citado en la pieza sostiene que “el derecho de responsabilidad civil ya está en vigor y se aplica regularmente” para daños relacionados con IA, lo que significa que las demandas civiles pueden avanzar sin nueva legislación federal.
En términos prácticos, hay dos vías: demandas civiles por negligencia o daño (con potenciales indemnizaciones económicas) y, en casos extraordinarios, investigaciones penales si los fiscales consideran que hubo omisión grave. La pieza señala que condenas multimillonarias podrían ser disuasorias, aunque empresas con valuaciones enormes podrían absorber multas. También destaca la dificultad técnica: probar negligencia cuando un sistema aprende de datos y responde de forma autónoma no es simple, y aplicar reglas de responsabilidad tradicionales a algoritmos plantea desafíos probatorios.
¿Por qué nos importa esto en Argentina y qué puede cambiar aquí?
Aunque los casos ocurrieron en Estados Unidos y Canadá, las repercusiones alcanzan a Argentina por varias razones: primero, muchas plataformas y modelos de IA operan globalmente y procesan datos de usuarios en múltiples jurisdicciones; segundo, decisiones judiciales en tribunales de EEUU suelen servir de referencia para litigios internacionales y estrategias regulatorias de empresas. Si las cortes estadounidenses o las agencias regulatorias obligan a cambios operativos —por ejemplo, protocolos de alerta temprana o límites a funciones del chatbot— esos cambios se replicarán en el servicio que llega al mercado argentino.
Desde la perspectiva legal local, la Ley de Protección de Datos (Ley 25.326) y la Agencia de Acceso a la Información Pública podrían tener un papel en reclamos relacionados con procesamiento de datos sensibles o vulnerabilidad de usuarios. Además, las empresas que ofrezcan modelos en Argentina podrían enfrentar mayor presión para establecer canales de reporte y protocolos de seguridad. En suma, aunque la responsabilidad penal de ejecutivos no parezca inminente, el derecho civil y las demandas públicas pueden forzar ajustes de producto que los argentinos verán en su experiencia cotidiana.
En este debate es útil recordar que la política pública puede actuar antes o al mismo tiempo que los tribunales: la combinación de sentencias civiles, investigaciones penales puntuales y regulación técnica (lo que RAND llama la “presión legal ya existente”) será la que determine si la IA se restringe para reducir riesgos o se deja más libre a costa de asumir responsabilidades. Nosotros observamos el proceso con prudencia: priorizar hechos confirmados por La Nación, Mother Jones y RAND, evitando especulaciones sobre intenciones de empresas o actores políticos.
Sofía Santamarina
