Una investigación iniciada por el robo de material sensible de Arsat en un depósito de San Fernando el 4 de enero de 2024 derivó, según La Nación y fuentes con acceso al expediente, en la detención de Facundo Leal luego del hallazgo de importantes sumas de dinero en distintos domicilios. En el procedimiento en un departamento de Palermo se incautaron cerca de US$650.000; en su casa de Mendoza se encontraron aproximadamente US$1.700.000, además de drogas y otros elementos, según la cobertura periodística y el dictamen fiscal. La causa original, identificada como FSM1924/2024, quedó en manos del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli y del fiscal Fernando Domínguez.
¿Qué se investiga y qué hallaron los fiscales?
La pesquisa arrancó por el robo a quince contenedores con equipos de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo) en el predio operado por Argentina Logistic Services S.A. (ALS), donde las cámaras no funcionaban y el cerco eléctrico perimetral estaba cortado, según consta en el expediente y en informes policiales citados por La Nación. Cuando los investigadores peritaron teléfonos secuestrados encontraron mensajes y audios que, según la fiscalía, apuntan a presuntos pagos de coimas y a un circuito de beneficiarios que incluía a funcionarios y a la empresa contratada. La Fiscalía pidió indagatorias para 11 personas físicas —entre ellas Diego Padilla, Fernando Paredes, Gerardo Boschin, Pablo Pagani y Facundo Leal— y para la firma ALS. Además solicitó allanamientos en domicilios en Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro y el levantamiento de secretos bancarios y de la UIF, según fuentes del expediente.
¿Cómo se contrató el depósito y qué evidencias documentales existen?
Los registros muestran que el 29 de junio de 2021 un memorándum interno de Arsat propuso a ALS para cambiar el depósito, sugiriendo contratación directa bajo el inciso m) del Reglamento de Compras, según documentos citados por La Nación. El contrato de locación del predio entre ALS y el propietario se firmó el 14 de mayo de 2021 por 36 meses a US$20.000 mensuales. La orden de compra OC-00010632 por US$766.099 para un año fue firmada por Gerardo Boschin, según los papeles públicos. En contrataciones directas acumuladas la nota menciona US$1.930.861 y $40.300.000. Mensajes de WhatsApp incluidos en el dictamen reconstruyen contactos previos entre representantes de ALS y funcionarios de compras; la fiscalía sostiene que la competencia entre oferentes era, en la práctica, parte de la misma estructura familiar y societaria. Los pliegos exigían seguridad 24 horas —cámaras operativas, cerco, iluminación— pero los peritajes describen ausencia de esas medidas al momento del robo.
Consecuencias judiciales y políticas: ¿qué sigue?
La fiscalía imputó delitos que van desde defraudación contra la administración pública hasta cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, y pidió indagatorias y medidas probatorias adicionales, según el pedido formal. El juez federal tendrá que decidir sobre las citaciones y posibles procesamientos, además de resolver pedidos de acceso a información bancaria y a anexos reservados de declaraciones juradas. Para evaluar alcance político o económico mantenemos cautela: exigimos verificación del texto, actas y anexos antes de evaluar responsabilidades administrativas, eventuales sanciones o impactos presupuestarios, coherente con la posición editorial previa. En lo inmediato, la causa puede abrir nuevas líneas de investigación sobre controles internos en empresas públicas y sobre procedimientos de contratación directa; en varios documentos citados hay fechas y montos que la fiscalía considera indicios para avanzar.
En síntesis, lo que empezó como una pesquisa por sustracción de componentes de la Refefo se amplió hacia un esquema de contratación y presuntos pagos. Los hechos cuantificados hasta ahora —15 contenedores con faltantes, 11 imputados, US$650.000 y US$1.700.000 secuestrados— están documentados en el expediente según La Nación y las fuentes judiciales. Resta que la instrucción confirme esos indicios con las actas, anexos y registros que la fiscalía solicitó y que permitan precisar responsabilidades penales y administrativas.
