El Gobierno reconoció en privado que los salarios formales perdieron poder de compra en el primer trimestre de 2026 y puso en discusión el uso de las paritarias como termómetro único: propone mirar registros administrativos que incluyen bonos y adicionales para evaluar la recomposición salarial. En números: según un relevamiento del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (Cetyd, UNSAM), las principales paritarias del sector privado acordaron aumentos promedio de 1,7% en enero, 0,8% en febrero y 2,3% en marzo, por debajo de la inflación mensual del INDEC de 2,9%, 2,9% y 3,4% respectivamente. Esta apertura oficial coincide con datos de la Secretaría de Trabajo que muestran una caída real de 2% en marzo respecto de febrero y una baja interanual de 5% en el promedio de 27 convenios.

¿Qué dicen los números?

Los distintos indicadores ofrecen trayectorias divergentes porque miden cosas distintas. El SIPA, que releva remuneraciones efectivamente declaradas por empresas (incluye sumas variables), promedia 103 puntos en febrero de 2026 con base 100 en noviembre de 2023, es decir 3 puntos arriba del inicio de la gestión según la propia comunicación oficial. En cambio, el Índice Salarial del INDEC cae a 96 puntos y el promedio de salarios de convenio también permanece por debajo de noviembre de 2023. La Secretaría de Trabajo explica que el IS capta remuneraciones regulares y los convenios pactan mínimos; el SIPA incorpora adicionales y horas extras, por eso la diferencia.

En paralelo, el informe oficial y consultoras privadas coinciden en que la pauta salarial intentada por el Gobierno (cercana a 2% mensual) quedó por debajo de la inflación reciente, lo que genera rezagos. C-P Consultora señala además que esquemas con sumas fijas o revisiones periódicas (ejemplo Camioneros) mitigaron el impacto, mientras convenios más generalistas como Comercio registraron caídas cercanas al 8% en el primer trimestre, según el relevamiento.

¿Qué significa esto para tu bolsillo?

Traducido: aun cuando algunas series administrativas muestren estabilidad nominal, la mayoría de los acuerdos paritarios no alcanzó a cubrir el ritmo de precios y el ingreso disponible se comprimió. Cetyd calcula que la proporción del salario destinada a gastos no discrecionales (vivienda, tarifas, transporte y comunicaciones) subió del 31% al 40% entre noviembre de 2023 y finales de 2025; eso dejó entre 12% y 18% menos de ingreso remanente para consumo. Iaraf señala que en febrero el salario privado registrado subió 2,4% nominal, por debajo de la inflación de 2,9%, resultando en una caída real interanual de 4,1%.

Además, la heterogeneidad importa: sectores como Aceiteros muestran mejoras reales (Aceiteros +13,1%; Transporte automotor +6,1%), mientras Textiles (-11,2%), Alimentación (-9,4%) y Comercio (cerca de -8%) registran pérdidas fuertes. Si ganás un salario ligado a convenios amplios o trabajás en ramas intensivas en mano de obra, es probable que sientas la pérdida más fuerte. La lectura práctica es sencilla: los promedios no cuentan la dispersión, y buena parte de la recomposición viene en adicionales que no siempre están universalizados.

¿Qué deberían hacer el Gobierno y los sindicatos?

Vemos tres prioridades claras. Primera, transparencia: el Gobierno debe recalcular y publicar series rebenchmarked con la nueva ENGHO para que la inflación relevante a los hogares incorpore vivienda y servicios, tal como pedimos antes. El postergado uso de la ENGHO puede subestimar la inflación efectiva del bolsillo; Cetyd estima que un recalculo muestra una caída adicional de poder adquisitivo cercana al 4%.

Segunda, proteger el empleo formal. MAP Latam reporta que desde fines de 2023 el empleo formal cayó en 261.000 puestos mientras los trabajadores por cuenta propia crecieron en 427.000 y la informalidad ronda el 43%. Cualquier negociación que flexibilice derechos debe acompañarse de instrumentos que eviten más pérdida de empleo formal. Tercera, actualizar los mecanismos de negociación: combinar pautas macro con cláusulas de revisión (harcodeadas a la inflación) y mayor cobertura de adicionales en convenios para que las mejoras sean universales y no dependen solo de la magnitud de cada empresa.

En síntesis, la evidencia muestra pérdida del poder adquisitivo en 2026 a pesar de indicadores administrativos que suavizan el diagnóstico. Apoyamos la transparencia en la medición y pedimos políticas que recuperen ingresos sin sacrificar empleo formal ni liquidez en la economía, pasos necesarios para que la desinflación sea acompañada por una recomposición real de los salarios.