La Corte Suprema de la Nación ordenó el cumplimiento de la Ley 3949 y hoy quedó conformado el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz con los nueve vocales que fija la norma; los nuevos integrantes asumieron, eligieron presidente y anunciaron la revisión de 80 nombramientos dentro del Poder Judicial provincial (LA NACION, 18/5/2026).
¿Qué cambió en el Tribunal Superior?
La principal novedad es que el pleno quedó integrado por nueve vocales, tal como establece la Ley 3949, y que la Corte Suprema —con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz— reconoció la vigencia de esa ley tras ocho meses de resistencia por parte del bloque kirchnerista, conflicto que fue dirimido fuera de la provincia, a unos 2.600 kilómetros de la capital provincial (LA NACION, 18/5/2026). En la primera reunión de acuerdo extraordinario se eligió a Gabriel Nolasco Contreras Agüero como presidente del tribunal; la elección contó con seis votos a favor y las negativas de Reneé Fernández y Alicia Mercau, según pudo reconstruir este medio a partir de testigos citados por LA NACION (18/5/2026). Varios de los vocales asumieron formalmente después de haber sido designados entre septiembre y octubre pasados y de no haber recibido hasta ahora el sueldo ni el acceso al edificio, un dato que subraya la disputa institucional que atravesó los últimos meses.
¿Qué pasará con las 80 designaciones?
El Tribunal informó que revisará los últimos 80 nombramientos en el Poder Judicial provincial, una medida que, según fuentes citadas por LA NACION, responde a la sospecha de que varios cargos ingresaron sin ponderar debidamente la capacidad técnica de los designados (LA NACION, 18/5/2026). Además, el pleno acordó que los próximos ingresos serán por concurso, una modalidad que modifica la práctica reciente en la provincia. La revisión implicará la apertura de expedientes internos y la re-evaluación de actuaciones administrativas; por ahora no hay un cronograma público ni un número desagregado de tribunales afectados, según indicaron voceros del Tribunal consultados por este diario. En términos comparativos, el anuncio rompe con meses de bloqueo en los que los vocales designados no habían podido ejercer plenamente, y plantea un procedimiento que puede demorar semanas o meses dependiendo de la cantidad de expedientes que se verifiquen.
¿Qué implicancias políticas y procesales tiene este reordenamiento?
El cambio en la composición del Tribunal tiene efectos inmediatos en la representación provincial en el Consejo de la Magistratura: Daniel Mariani fue votado para integrar ese cuerpo, reemplazando a Fernando Basantta, sobre quien podría reabrirse un expediente, según la cobertura de LA NACION (18/5/2026). Al mismo tiempo, en la Legislatura provincial ingresó una denuncia formal con pedido de juicio político contra Reneé Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basantta, presentada por el abogado local Sergio Macagno; la denuncia acusa, entre otros puntos, ejercicio abusivo de la función jurisdiccional y conflicto de interés (LA NACION, 18/5/2026). En lo procesal, la reanudación del pleno y la revisión de nombramientos pueden provocar la reactivación de causas pendientes en distintos tribunales provinciales, lo que a su vez afectará tiempos de resolución y cargas de trabajo judicial. Desde el punto de vista político, la resolución de la Corte y la asunción de los nuevos vocales marcan una derrota institucional para la estrategia de resistencia mantenida durante ocho meses.
Qué sigue y cómo se verifica
Según la cronología difundida por LA NACION, Mariani asumirá mañana en el Consejo de la Magistratura y el tribunal comenzó a ejecutar las primeras medidas administrativas tras la reunión de acuerdo extraordinario (LA NACION, 18/5/2026). Frente a movimientos de esta naturaleza, este medio mantiene cautela: exigimos verificación de textos, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial de las decisiones adoptadas en Río Gallegos. La denuncia presentada en la Legislatura y la posibilidad de reabrir expedientes disciplinarios indican que el proceso tendrá etapas simultáneas: revisión interna de nombramientos, posibles procesos políticos en la Legislatura y pronunciamientos o medidas administrativas adicionales en el seno del Poder Judicial provincial. Resta definir plazos y transparentar documentos; hasta que esos registros estén disponibles, cualquier evaluación sobre alcance y consecuencias debe limitarse a los hechos constatables y a las pruebas documentales que las partes presenten.
