Si vas a salir, tené en cuenta que la red de colectivos del AMBA registra señales claras de crisis operativa y de seguridad: frecuencias reducidas entre 20% y 40% en las últimas semanas y 36.079 denuncias de usuarios durante 2025, según La Nación y la CNRT. Lo que se sabe hasta ahora: hay menos unidades en la calle, 17.000 colectivos en marzo de 2026 frente a 19.348 en noviembre de 2019, y un recorte del apoyo estatal de subsidios que, de acuerdo a la crónica, pasó del 91% en 2023 al 63% actual. Vemos un problema que mezcla déficit de oferta, riesgos operativos y una pérdida de confianza de quienes usan el transporte: más de cinco millones de personas se mueven cada día por estas redes, y eso convierte cualquier falla en un asunto de salud pública y de derechos.

¿Qué dicen los números?

Los datos no son anécdotas: la caída en la superficie del servicio tiene cifras concretas. Según La Nación, las frecuencias de circulación se redujeron entre 20% y 40% en las últimas semanas; esa menor oferta coincide con una flota que, en marzo de 2026, rondaba los 17.000 colectivos en el AMBA versus 19.348 en noviembre de 2019. Además, la CNRT registró 36.079 denuncias de usuarios durante 2025, muchas por no respetar la parada, conducción imprudente y puertas que generan accidentes. Estos números muestran dos efectos simultáneos: menor servicio y mayor exposición al riesgo para quienes dependen del transporte público. Cuando más de cinco millones de viajes diarios se realizan en redes con estas deficiencias, cada porcentaje de caída en frecuencia se traduce en viajes más apretados, más conflictos de tránsito y mayor probabilidad de incidentes.

¿Por qué ocurren estos accidentes?

No es solo mala suerte. La conjunción de factores estructurales y operativos hace que los errores se vuelvan mortales: déficit de mantenimiento de las unidades, choferes con jornadas extensas, menos controles de fiscalización y condiciones de tránsito urbano que complican maniobras. El recorte en el subsidio —según la crónica, del 91% al 63%— deja a las empresas más vulnerables y con menor margen para invertir en renovación de flota o en capacitación continua. A eso se suma la naturalización del riesgo: denuncias por uso del celular al volante, exceso de velocidad o no respetar paradas figuran en los registros de la CNRT. El Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad y la ley nacional marcan obligaciones claras para choferes y empresas, pero cuando la supervisión es débil esas normas quedan en letra, no en práctica. El resultado son incidentes evitables, desde mochilas enganchadas en puertas hasta atropellamientos por maniobras imprudentes.

Alternativas para hoy: qué hacer y a quién exigir

Si vas a salir, anotá la línea, el número interno de la unidad y el horario si presenciás una falta que ponga en riesgo a pasajeros; las denuncias pueden hacerse a la CNRT al 0800-333-0300. Pero la solución no puede delegarse solo en las y los usuarios: exigimos transparencia total sobre contratos, plazos y condiciones laborales vinculadas al mantenimiento y operación, y fiscalización pública y periódica de las empresas. En lo inmediato, pedir mayor presencia fiscalizadora en paradas críticas, controles técnicos de puertas y sistemas de cierre, y protocolos claros para descensos nocturnos o con lluvia. A mediano plazo hacen falta inversiones en unidades modernas, capacitación obligatoria para choferes y un esquema de subsidios condicionado a cumplimiento de estándares de seguridad y frecuencias. No es una cuestión de discursos: es poner datos, plazos y responsables sobre la mesa. Vemos al transporte público como un derecho; para que deje de ser un riesgo, necesitamos transparencia y controles reales.