El Gobierno nacional remitió al Congreso el proyecto llamado Súper RIGI, un régimen de incentivos orientado a atraer inversiones de gran escala en actividades consideradas «nuevas» para la economía argentina con un piso mínimo de u$s1.000 millones por proyecto, según datos oficiales; la iniciativa complementa pero no reemplaza al RIGI vigente y viene acompañada de una batería de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios que el Ejecutivo describe como necesarios para competir por proyectos de frontera.
¿Qué cambia respecto del RIGI?
El cambio más estructural no es técnico sino de objetivo: mientras que el RIGI sancionado en el marco de la Ley Bases entró en vigencia en agosto de 2024 y apuntó a sectores tradicionales —minería, petróleo, gas y energía— el Súper RIGI se define exclusivamente para actividades sin antecedentes productivos en el país, como data centers para inteligencia artificial, semiconductores, baterías de litio y biotecnología, según el texto enviado al Congreso. En números: el régimen original registró 38 proyectos presentados, 14 aprobados y 23 en evaluación con compromisos por u$s107.176 millones y activos computables por u$s13.357 millones, de los cuales la energía concentraba u$s64.500 millones y la minería u$s41.900 millones, según datos oficiales; el nuevo piso unifica y eleva los umbrales —antes entre u$s200 y u$s600 por sector— a un mínimo único de u$s1.000 millones, y exige que al menos el 20% del monto comprometido se ejecute dentro de los primeros dos años, según el proyecto.
¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?
En lo fiscal y operativo el Súper RIGI introduce cambios significativos: reduce el Impuesto a las Ganancias que aplicaba el régimen original del 25% al 15%, incorpora una amortización acelerada del 60% del activo en el primer año, 20% en el segundo y 20% en el tercero, y permite la deducción de quebrantos sin límite temporal con transferencia a terceros después de cinco años, según el texto; además establece arancel cero para importaciones vinculadas y retenciones 0% en exportaciones de proyectos adheridos, y mantiene el sistema de disponibilidad progresiva de divisas de 20%/40%/100% en los tres primeros años. En lo práctico esto mejora el flujo de caja inicial de inversiones intensivas en capital y reduce el costo tributario en proyectos que cumplan el umbral, pero también genera un diferencial de tratamiento frente al resto de la economía que deberá evaluarse cuantitativamente en el debate legislativo: por ejemplo, la reducción de diez puntos en Ganancias en un proyecto de u$s1.000 millones puede representar decenas o cientos de millones de dólares de ahorro fiscal a lo largo de la vida útil del activo, según estimaciones oficiales del propio proyecto. La eliminación del requisito del 20% de contenido local —vigente en el RIGI cuando había oferta competitiva— es la otra variable con impacto directo sobre proveedores argentinos.
Riesgos y condiciones: ¿qué falta?
El proyecto contiene mecanismos pensados para dar señales a inversores globales —estabilidad regulatoria de 30 años y acceso a arbitraje internacional— pero deja abiertos varios interrogantes: el costo fiscal agregado del paquete no figura con cifras consolidadas en el texto, la alícuota sobre dividendos no está fijada y la eliminación del requisito de compras locales puede erosionar la participación de la industria argentina en cadenas de valor futuras, según advertencias de cámaras empresarias. Además la adhesión provincial no es automática: las provincias que quieran atraer proyectos deberán aceptar un tope del 0,5% para Ingresos Brutos y la prohibición de que municipios apliquen tasas sobre ventas, lo que introduce un factor de negociación subnacional. Resta definir en detalle las reglas de implementación administrativa y los criterios de elegibilidad para evitar que los beneficios se concentren en pocos jugadores; por eso mantenemos cautela: exigimos verificación de textos, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial, y esperamos que el debate en comisión entregue esos números y garantías técnicas que hoy el proyecto anuncia pero no cuantifica.
Resta definir además un balance entre incentivos y encadenamiento productivo: el desafío oficial es transformar compromiso de inversión en desarrollo local efectivo, y ese objetivo exige datos concretos sobre empleo directo e indirecto, plazos de instalación y cláusulas de cumplimiento que hoy deben precisarse en el trámite parlamentario; en ese sentido, la discusión legislativa será clave para traducir en reglas lo que hasta ahora es un conjunto de promesas y condiciones generales.
