El fiscal general subrogante Juan Carlos Paulucci presentó ante la Corte Suprema un recurso de queja para que el tribunal revisione la decisión que ordenó a la Anses reponer de forma provisoria la pensión que cobraba Cristina Kirchner. La presentación busca que la Corte declare la inadmisibilidad de la medida cautelar que obligó al organismo previsional a restituir el pago, según la nota publicada por La Nacion el 5 de mayo de 2026.
¿Qué pidió el fiscal y en base a qué argumento?
Paulucci sostuvo en su presentación que una condena penal en ejercicio de la funcion publica suspende el goce de jubilaciones y pensiones mientras dure la condena, y que ese criterio debe pesar al resolver sobre la cautelar. El fiscal actuó en su caracter de representante del Ministerio Publico Fiscal ante la Camara Federal de la Seguridad Social, segun La Nacion. El planteo retoma un dictamen previo del propio fiscal en la causa y apela a la interpretacion del articulo 5 de la ley 24.018, que establece incompatibilidades sobre el cobro de prestaciones. La Camara previsional habia resuelto en febrero admitir la cautelar a favor de la exmandataria y, el 29 de abril, la Sala III rechazó por 2 votos contra 1 un recurso extraordinario del Estado, lo que llevo a la orden de reposicion provisional, segun el mismo matutino.
¿Cuanto dinero esta en juego y como se compone?
La Anses habia dado de baja las prestaciones en noviembre de 2024 tras la condena en la causa Vialidad, segun La Nacion. En ese ultimo mes en que se pagaron ambos beneficios, el ingreso neto informado fue de casi $12,5 millones, de los cuales alrededor de $6 millones correspondian a un plus por zona austral, segun el articulo. Sin contar ese adicional, la cifra por la pension que la camara ordeno reponer fue de $9.658.606,27, un monto consignado en la nota y estimado en cifras similares por fuentes cercanas al caso. Esos importes se actualizan con mecanismos que La Nacion describe como no publicos. En terminos temporales, la suspension administrativa se produjo en noviembre de 2024 y la nueva orden judicial que dio lugar a la cautelar se dictó en febrero de 2026, es decir a 15 meses de distancia entre ambas decisiones.
¿Que puede decidir la Corte y que efectos practicos tiene?
El recurso de queja que presento Paulucci no suele generar, por si mismo, la suspension de la orden de pago. El Codigo Procesal Civil y Comercial establece que mientras la Corte no haga lugar a la queja no se suspende el curso del proceso, y un informe de la Secretaria de Jurisprudencia de la Corte de diciembre de 2024 admite solo casos muy especiales para efecto suspensivo. En la practica, esto significa que la Anses deberia cumplir con la reposicion provisional salvo que la Corte decida otorgar un efecto suspensivo excepcional. Fuentes judiciales consultadas por La Nacion señalaron que, si la Corte hace lugar, podria declararse la inadmisibilidad de la cautelar y ordenarse la interrupcion del pago; si no, el desembolso se mantendra hasta que se resuelva la cuestion de fondo.
Mecanicamente, el impacto presupuestario inmediato se mide por las cifras ya citadas: casi $12,5 millones en noviembre de 2024, con un neto de 9.658.606,27 sin el plus por zona austral. Ademas existe una denuncia penal por la declaracion de domicilio en Santa Cruz que dio origen al plus de alrededor de $6 millones, segun La Nacion. La combinacion de decisiones administrativas y judiciales que se vienen marcara si esos importes deben recuperarse o permanecer como pagos provisionales.
Conclusiones y postura editorial
Mantenemos cautela: exigimos verificacion del texto final del recurso, de las actas de la Camara y de los registros de la Anses antes de evaluar el alcance politico o judicial de esta presentacion. El expediente incluye montos concretos y fechas verificables, y la resolucion de la Corte definira si la medida cautelar se mantiene o se revoca. Mientras tanto, los elementos disponibles son los citados por La Nacion y por los instrumentos legales referenciados, en particular la ley 24.018 y el Codigo Procesal Civil y Comercial. Seguiremos la publicacion de las actas y del acuerdo de la Corte para informar cualquier cambio relevante.
