50.569 familias porteñas firmaron, desde el 26 de febrero, un compromiso para no entregarles teléfonos inteligentes a sus hijos al menos hasta el inicio del secundario, según los primeros resultados difundidos por LA NACION (30/4/2026). El acuerdo voluntario, alojado en la plataforma Escuela en Familia del Ministerio de Educación de la Ciudad, suma firmas de familias de 1.204 escuelas de un total de 2.345 establecimientos en la ciudad (LA NACION, 30/4/2026). Esta es la información central: un número grande de adhesiones en poco más de dos meses, con objetivos declarados sobre atención, autorregulación y vínculos.

¿Qué se firmó y qué opciones eligieron las familias?

El documento que proponen las autoridades no es un decreto sino un compromiso familiar que puede fijar la edad límite en 13, 14, 15 o 16 años; el 57% de las familias optó por 13 años, 12% por 14, 11% por 15 y 19% por 16 (LA NACION, 30/4/2026). Además del retraso en la entrega, el compromiso promueve ‘hábitos de bienestar digital’ como tiempos sin pantallas y acompañamiento adulto, según la cartera a cargo de Mercedes Miguel (LA NACION, 30/4/2026). Es importante destacar que dentro de las escuelas ya rige la prohibición del celular en aulas; este acuerdo busca extender reglas y normas desde la casa hacia el entorno escolar.

¿Quiénes adhieren y qué revela la geografía social?

La adhesión concentra su peso en el sector público: 97,6% de los acuerdos son de familias de escuelas públicas y solo 2,4% de privadas (LA NACION, 30/4/2026). Por niveles, el 8,73% corresponde a nivel inicial, 74,03% a primaria y 17,24% a secundario (LA NACION, 30/4/2026). Territorialmente, las comunas del sur y el oeste concentran mayores adhesiones: comuna 4 (12%), comuna 8 (10%) y comuna 9 (8%) (LA NACION, 30/4/2026). Esos números sugieren que la iniciativa no es homogénea y que atraviesa diferenciaciones socioespaciales; sin embargo, el Ministerio no publicó hasta ahora desagregaciones más finas (por escuela, por nivel socioeconómico o por índice de conectividad), datos que son imprescindibles para evaluar equidad.

¿Reduce esto la ‘intoxicación’ de redes o es sobre todo simbólico?

Las autoridades argumentan que el acuerdo reduce la presión social entre pares y mejora el bienestar socioemocional; la frase ‘hay una intoxicación de redes sociales’ fue utilizada por la ministra en la nota de LA NACION (30/4/2026). Sin embargo, la evidencia pública sobre impactos concretos todavía no aparece: la medida fue lanzada a fines de febrero y no se conocen indicadores de seguimiento ni evaluaciones intermedias. Sin una línea base y mediciones periódicas —sobre tiempo de pantalla, atención académica, vinculación social o salud mental— es imposible saber si la política produce los cambios buscados o si simplemente formaliza deseos compartidos por ciertas comunidades.

Qué datos deberían publicarse y por qué exigimos transparencia

Coherentes con nuestra postura sobre transparencia, pedimos al Ministerio que publique como datos abiertos y actualizados: 1) listados por escuela de adhesiones y edad elegida; 2) desagregación por gestión (pública/privada) y nivel; 3) indicadores de línea base y de seguimiento sobre tiempo de pantalla, rendimiento escolar y derivaciones de salud mental; 4) encuestas periódicas sobre presión de pares y cumplimiento familiar; 5) indicadores de brecha digital (por ejemplo, porcentaje de hogares con smartphone por comuna). También solicitamos un protocolo público de evaluación independiente y plazos para publicar resultados. La nota de LA NACION aporta cifras iniciales —50.569 firmas, 1.204 escuelas, porcentajes por nivel y gestión— pero no el diseño de seguimiento (LA NACION, 30/4/2026). Sin esos datos, una política que puede mejorar vínculos corre el riesgo de ser performativa en vez de mensurable. Cada ocho familias que adhieren, se consolida un acuerdo acompañado por la escuela, según el Ministerio citado (LA NACION, 30/4/2026): es un comienzo, pero debe convertirse en evidencia pública si queremos saber qué funciona.

Camila Goldberg