Se está evaluando en la Argentina la instalación de radares de velocidad promedio por tramo: el sistema registra el paso en un punto A y luego en un punto B y calcula la velocidad media del trayecto para labrar infracciones si se supera el límite (LA NACION, 12/5/2026). Por ahora no hay fecha: el proyecto todavía debe atravesar validación técnica y jurídica ante organismos como el INTI (LA NACION, 12/5/2026). Nosotros apoyamos medidas que mejoren la seguridad vial, pero exigimos total transparencia en plazos, contratos y financiamiento.

¿Cómo cambia esto mi viaje diario?

Si vas a salir, lo que cambia es simple y concreto: ya no alcanza con frenar antes de la cámara. Los sistemas punto a punto obligan a mantener una velocidad constante durante todo el tramo porque calculan la media entre dos puntos. Eso modifica la conducta del conductor habitual en avenidas y corredores: en vez de picos de frenada, se busca una marcha homogénea. Según la nota original, actualmente en Argentina solo están homologados los radares fijos (con espiras en el pavimento) y los móviles; los controles por tramo todavía no tienen aprobación (LA NACION, 12/5/2026). Para el usuario eso implica que, si se implementan, las multas dejarían menos margen para recursos técnicos basados en variaciones puntuales de velocidad.

¿Cómo funciona y qué validaciones exige?

Técnicamente el sistema necesita al menos dos puntos de captura por tramo y sincronización horaria precisa: un lector en A y otro en B que registran tiempo y distancia para calcular la velocidad promedio. En la práctica eso exige certificación de equipos, calibración regular y auditorías de datos, además de la homologación por organismos como el INTI antes de empezar a labrar multas (LA NACION, 12/5/2026). El abogado consultado en la nota, Diego Daniel Díaz, advirtió que, sin esos procedimientos, las sanciones podrían ser declaradas nulas por incumplir requisitos legales (LA NACION, 12/5/2026). Además hay aspectos operativos: marcación del límite, señalización obligatoria y cómo se comunica el tramo al conductor para que no haya sorpresa jurídica.

¿Sirven para reducir los siniestros viales?

La lógica detrás de los radares por tramo es reducir la velocidad media en corredores peligrosos, y la evidencia internacional muestra que el control sostenido suele bajar la severidad de los siniestros. La nota cita que en varios países europeos estos sistemas se usan hace años y buscan evitar la táctica de frenar sólo frente a una cámara (LA NACION, 12/5/2026). En la región, Uruguay evalúa implementarlos en corredores estratégicos con la intención de ponerlos en funcionamiento antes de fin de 2026 (LA NACION, 12/5/2026), lo que permite comparar experiencias. Pero la efectividad depende de diseño: ubicación de tramos, límites adecuados y evaluación posimplementación, no sólo de la tecnología.

Qué falta y qué pedimos desde la perspectiva ciudadana

Antes de cualquier instalación pedimos tres cosas claras: transparencia en contratos y costos, plazos públicos y evaluación abierta de resultados. Apoyamos la expansión del control de velocidad cuando busca reducir víctimas, pero exigimos que el proceso pase por homologación técnica (INTI), auditorías independientes y reglas claras sobre retención y uso de datos personales (por ser sistemas que registran trayectos). También reclamamos mecanismos de consulta: zonas prioritarias deberían elegirse con base en datos de siniestralidad y no por conveniencia operativa. Si se implementa, hay que publicar informes periódicos con indicadores: kilómetros controlados, cantidad de infracciones, variación de siniestros y análisis antes/después.

Lo que se sabe hasta ahora: la posibilidad está en estudio y aún no existen equipos homologados para tramo en la Argentina (LA NACION, 12/5/2026). Se espera que las autoridades expliquen los plazos, el financiamiento y el control ciudadano sobre los contratos. Para seguir el estado del tema, conviene revisar las publicaciones del INTI y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y presentar reclamos formales si se detectan pruebas o fallas técnicas durante el proceso. Nosotros vamos a exigir que la tecnología funcione para mejorar la seguridad, no para incrementar sanciones sin controles.