El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, convocó a 14 imputados para ampliar sus declaraciones indagatorias en la causa que investiga fentanilo presuntamente contaminado, en una investigación que según LA NACION suma 111 muertes y 49 casos no fatales. La tanda de indagatorias se desarrolló entre el 16 y el 21 de abril de 2026 y comprende a responsables vinculados a los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, entre otros señalados en el expediente judicial. Esta nota resume lo verificado en el expediente y señala los próximos pasos procesales sin especular sobre móviles o responsabilidades aún no probadas.
¿Qué se investiga y qué pruebas aparecen en el expediente?
La causa analiza el recorrido de ampollas de fentanilo y su vínculo con cuadros infecciosos que aparecen consignados en historias clínicas y peritajes incorporados al expediente, según LA NACION y registros judiciales. El expediente documenta, entre otras pruebas, la detección de fentanilo en pacientes y la identificación del lote 31.202 como producido por HLB Pharma y Ramallo, que fue utilizado en al menos varios procedimientos hospitalarios relatados por familiares. En el expediente también hay reconstrucciones de historias clínicas y testimonios que señalan infecciones por Klebsiella pneumoniae asociadas temporalmente a la administración de esos fármacos. Hasta el momento la investigación reúne peritajes de laboratorio, actas de entrega de medicamentos y cruces con historias clínicas, según constancias aportadas al juzgado.
¿Qué implicancias penales y procesales enfrentan los imputados?
Los imputados fueron convocados a ampliar sus indagatorias; una vez completada la etapa y analizadas las defensas, el juez podrá decidir elevar la causa a juicio oral, explican fuentes del expediente citadas por LA NACION. De acuerdo a las calificaciones que se están evaluando en el expediente, las eventuales penas podrían ubicarse en un rango de 10 a 25 años de prisión, siempre sujeto a prueba y a la decisión del tribunal oral correspondiente. La ronda de declaraciones entre el 16 y el 21 de abril de 2026 implica que el juez dispone ahora de declaraciones ampliadas para resolver planteos previos y decidir medidas cautelares, peritajes complementarios o elevar la causa. No corresponde adelantar conclusiones sobre culpabilidad; la etapa objetiva es procesal y gira en torno a prueba documental, declaraciones y peritajes forenses.
¿Cómo impacta esto en las víctimas y en el sistema de salud?
El expediente incorpora relatos familiares que describen demoras en el acceso a información y hallazgos de fentanilo en historias clínicas conocidos en muchos casos de manera tardía, a veces tras publicaciones periodÃsticas o contacto entre familias, según consta en el sumario. Casos puntuales citados en el expediente incluyen la muerte de Renato Nicolini el 3 de mayo de 2025 tras internación con fentanilo, y la muerte de pacientes que recibieron ampollas de lotes identificados; estas fechas muestran que las principales muertes ocurrieron en mayo de 2025 y que la fase actual de indagatorias ocurre casi 11 meses después de esos hechos. La dimensión del caso, con 111 fallecimientos y 49 no fatales, lo sitúa, según fuentes judiciales, entre las mayores investigaciones sanitarias del país y plantea preguntas sobre control de calidad farmacéutica, trazabilidad y protocolos de atención hospitalaria.
Próximos pasos: qué viene en la causa y qué deberían esperar las partes
Tras las indagatorias convocadas entre el 16 y el 21 de abril de 2026, el juez evaluará los planteos de las defensas y la prueba incorporada para decidir si eleva la causa a juicio oral o dispone otras medidas, de acuerdo al expediente. Las defensas pueden presentar excepciones procesales, pedir peritajes complementarios o solicitar medidas que el juez debe resolver antes de un eventual dictado de elevación a juicio; esas resoluciones suelen demandar plazos que responden al ritmo del fuero federal. Para las familias la expectativa es obtener respuestas y responsabilidad penal cuando corresponda, mientras que para el sistema de salud la causa obliga a revisar controles de calidad y gestión de lotes, según fuentes judiciales y testimonios compilados en el expediente. Priorizamos en esta cobertura la precisión procesal y la protección de las partes: difundimos hechos verificados y evitamos especulaciones sobre móviles o culpabilidades.
