Desde este martes comienza en Río Cuarto el jury de enjuiciamiento contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, acusados de mal desempeño y negligencia grave en la instrucción del femicidio de Nora Dalmasso, ocurrido en 2006. Según La Nación, el proceso comprende cinco audiencias programadas entre el 21 y el 27 de abril y ya tiene 37 testigos ofrecidos por las partes.
¿Qué se juzga exactamente?
La acusación, presentada a fines de febrero por el entonces fiscal general de Córdoba Juan Manuel Delgado y que será sostenida en el jury por la fiscal general adjunta Bettina Croppi, imputa a los tres fiscales “mal desempeño y negligencia grave” en la etapa de instrucción. Según La Nación, los fiscales intervinieron desde el hallazgo del cuerpo el 26 de noviembre de 2006 hasta 2022, cuando Pizarro elevó a juicio la acusación contra Marcelo Macarrón. Esa cobertura temporal —2006 a 2022— abarca 16 años de intervenciones y decisiones procesales (Fuente: La Nación).
Las consecuencias posibles son dos: absolución y continuidad en sus cargos, o remoción definitiva. El tribunal de enjuiciamiento deberá emitir su veredicto antes del 28 de mayo; si no se cumple con esa fecha, el proceso se cae (Fuente: La Nación). La acusación presentada por la familia Macarrón sostiene que se desestimó tempranamente la hipótesis sobre Roberto Bárzola pese a la supuesta presencia de su ADN.
Cronograma y cifras del proceso
El calendario público indica cinco audiencias entre el 21 y el 27 de abril y una última etapa para alegatos y veredicto antes del 28 de mayo; esos plazos fueron consignados por La Nación. En la etapa de prueba las partes ofrecieron 37 testigos; el tribunal de enjuiciamiento fijó esas comparecencias para escuchar a familiares, peritos y fiscales involucrados (Fuente: La Nación). En diciembre pasado, el jurado que definió la procedencia del enjuiciamiento estuvo integrado por cinco legisladores y una vocal del Tribunal Superior de Justicia, según la misma crónica.
En términos procesales, el plazo final del 28 de mayo funciona como un punto de ruptura: la ley exige resolución en ese lapso para evitar la caducidad del trámite. Ese condicionamiento temporal añade presión tanto a la defensa de los fiscales como a los que sostienen la acusación, porque convierte la fecha en un límite administrativo y jurídico con efectos concretos sobre la posibilidad de destitución.
¿Quiénes declaran y qué pruebas pesan?
La primera jornada tendrá la declaración del viudo, Marcelo Macarrón, y de sus hijos Facundo y Valentina, quienes según La Nación fueron convocados para relatar las irregularidades que atribuyen a la investigación. También está prevista la comparecencia de Nidia Modesti, la genetista que detectó un perfil genético atribuido a Roberto Bárzola en la bata de la víctima; esa prueba fue incorporada por la fiscalía externa en 2024, dice la nota.
En la última audiencia están citados los fiscales Pablo Jávega y Julio Rivero, que intervinieron en etapas posteriores, y Darío Vezzaro, quien recibió un informe pericial encargado por la defensa del viudo. La existencia de cotejos genéticos y la cronología de su incorporación al expediente son eje de controversia: la familia reclama que se actuó tarde, mientras que los fiscales cuestionados esgrimen decisiones técnicas y de oportunidad en la investigación (Fuente: La Nación).
Impacto institucional y próximos pasos
El juicio político contra tres fiscales que actuaron en una causa mediática tiene implicaciones para la fiscalía y para la confianza pública en la investigación penal. Es la tercera vez que Di Santo enfrenta un pedido de jury por su intervención en esta causa: hubo iniciativas en 2007 y otras denuncias, según La Nación. Esa recurrencia alimenta el debate sobre controles internos y responsabilidades disciplinarias en la persecución penal.
Desde la perspectiva institucional, si el tribunal dispone la remoción quedará abierta una vía de consecuencias administrativas que no necesariamente implica responsabilidad penal. Si hay absolución, quedarán abiertas preguntas sobre la percepción pública y la revictimización que denuncian los familiares. Mantenemos cautela: exigimos verificación del texto final, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial. El tribunal debe resolver antes del 28 de mayo; hasta entonces, los hechos consignados por las partes y las pruebas ofrecidas seguirán siendo materia de prueba y debate (Fuente: La Nación).
