La Justicia federal dictó condenas este marzo de 2026 contra seis empresarios, comerciantes y un diseñador por la distribución del lote falsificado del inyectable Yectafer, que provocó cuatro muertes y dejó decenas de heridos, según LA NACION (18/3/2026). Las penas fueron de 8 años (Pablo Jorge Cernadas), 7 años (Daniel Rabinovich), 5 años (Miguel Cervera) y 4 años para tres imputados más; además el tribunal fijó indemnizaciones por 1.030 millones de pesos. El fallo incorpora peritajes de ANMAT que describen una sobredosificación del citrato de hierro y la letalidad del producto.
¿Qué pasó y cómo llegó la causa a este fallo?
La causa se originó tras la muerte de la primera víctima en diciembre de 2004, cuando Verónica Díaz recibió la inyección en el Hospital Zatti de Viedma (Río Negro), según LA NACION. La investigación pasó a la órbita federal en 2006 bajo el juez Norberto Oyarbide; el juicio oral comenzó en noviembre de 2023 y la sentencia fue dictada en marzo de 2026, por lo que transcurrieron más de dos décadas desde los hechos iniciales. El peritaje atribuido a ANMAT, citado por LA NACION, señaló que el lote N° 03100718 tenía tres veces la concentración de citrato de hierro indicada y que el 100% de las ratas de laboratorio expuestas a ese lote murieron. La investigación detectó un laboratorio clandestino en San Martín y facturas apócrifas que blanqueaban la mercadería mediante una supuesta empresa laboratorio inexistente, de acuerdo con la nota periodística.
¿Cómo responsabilizó el tribunal a los condenados?
El tribunal integrado por los jueces Andrés Fabián Basso, Javier Feliciano Rios y José Antonio Michilini condenó a los acusados por homicidio culposo múltiple, lesiones culposas agravadas y asociación ilícita, según LA NACION. Los nombres y las penas fueron precisados en el pronunciamiento: Cernadas 8 años; Rabinovich 7; Cervera 5; Alberto Akawie, Adrián Quintela y Víctor Scattolini 4 años cada uno. El fallo ordenó una reparación económica total de 1.030 millones de pesos; de ese monto, 650 millones deben responder solidariamente Cernadas, Rabinovich y Cervera, y 450 millones fueron asignados a resarcir a los familiares de Luciana Giménez. Además, el tribunal fijó pagos individuales adicionales, entre ellos 380 millones por parte de Cervera destinados en su mayoría a la familia de Paulina Álvarez. La causa incluyó absoluciones y la muerte de cinco acusados durante la investigación.
¿Qué sigue y qué preguntas quedan abiertas?
Quedan pendientes los recursos de las defensas, la ejecución de las condenas y la verificación de las responsabilidades civiles y administrativas. Durante el proceso las defensas alegaron violación de la garantía de razonable duración; el tribunal rechazó ese planteo para las condenas principales aunque la dilación alcanzó a que ciertos delitos conexos se extingan por prescripción, según LA NACION. Cinco imputados fallecieron antes de ser juzgados, lo que altera el mapa de responsabilidades detectadas. Desde la perspectiva procesal conviene disponer la publicación íntegra del fallo y de los peritajes de ANMAT, y la remisión de las actas de audiencia y de las pruebas documentales para permitir verificación independiente. También corresponde que las autoridades regulatorias informen si tras este fallo se iniciaron medidas administrativas contra distribuidores o empresas proveedoras del insumo veterinario señalado por la pericia.
La nota periodística sirve de base informativa; mantenemos cautela y exigimos la publicación y verificación documental de las sentencias, peritajes y actas procesales antes de extraer conclusiones adicionales sobre eventuales responsabilidades administrativas o regulatorias.
