La Federación de Consumidores de América (CFA) presentó una demanda colectiva contra Meta por permitir anuncios fraudulentos en Facebook e Instagram y acusa a la empresa de lucrar con estafas que afectan usuarios. Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, los consumidores denunciaron pérdidas por 2.700 millones de dólares por estafas en redes sociales entre 2021 y 2023 (Comisión Federal de Comercio, 2023). Vemos en la denuncia un reclamo que va más allá de casos aislados: es una exigencia por datos y responsabilidad pública.
Lo que dice la denuncia
La demanda describe una serie de ejemplos concretos: anuncios que prometían teléfonos gratis, videos generados por inteligencia artificial que suplantaban la imagen de famosos —algunos con más de un millón de visualizaciones— y la venta de productos prohibidos como protectores para cunas, todos publicados en Facebook o Instagram durante 2025, según el expediente citado por La Nación. El detalle que lo cambia todo: la CFA sostiene que Meta adoptó políticas que, aunque formales, no frenaron la propagación sistemática de publicidad engañosa.
Meta respondió que las cifras de la demanda tergiversan la realidad y recordó acciones propias. Según reportes que citan datos de la compañía a través de Engadget, en 2025 se eliminaron más de 159 millones de anuncios fraudulentos por violar políticas internas. Además, la firma inició en febrero acciones legales contra anunciantes fraudulentos en Brasil y China, según la misma nota. Es una disputa de evidencia: capturas y ejemplos frente a reportes de moderación masiva.
¿Cómo impacta esto en los usuarios argentinos?
Aunque la demanda es de alcance estadounidense, las prácticas que denuncia tienen efectos globales y replicables en Argentina. Las estafas no respetan fronteras y suelen adaptarse a idiomas y monedas locales para parecer verosímiles. La historia previa es ilustrativa: Meta ya fue sancionada antes con una multa de 375 millones de dólares por violaciones a leyes de protección al consumidor en Nuevo México, según registros públicos y reportes periodísticos; esa sanción es previa a la nueva demanda y sirve para comparar la continuidad del problema.
El riesgo para un usuario común es doble: pérdida económica directa y erosión de la confianza en la plataforma. Cuando un video deepfake acumula más de un millón de visualizaciones y dirige a páginas de phishing, el daño no es solo individual; contagia la percepción pública sobre la seguridad de toda la red. Por eso no alcanza con eliminar anuncios reactivamente; hacen falta datos desagregados y medidas preventivas con control externo.
Qué debería exigir el Estado y las plataformas
No es suficiente que las plataformas informen números totales sin desagregar por país, anunciante o tipo de fraude. Exigimos transparencia pública: registro accesible de anunciantes, quién paga cada campaña, auditorías independientes de algoritmos de recomendación y reportes periódicos por jurisdicción. Según lo que Meta declaró públicamente sobre 2025 (más de 159 millones de anuncios eliminados, según Engadget), hace falta ahora saber cuántos de esos anuncios llegaron a usuarios argentinos y cuántas denuncias se tradujeron en compensaciones.
El detalle que nadie cuenta es que la infraestructura publicitaria —pujas, intermediarios y redes de afiliados— es donde circula el dinero que hace rentable la estafa. Reguladores y fiscalizaciones deben apuntar allí: controles sobre flujos publicitarios internacionales, exigencia de información fiscal de los compradores de anuncios y cooperación internacional para perseguir anunciantes fraudulentos. Exigimos, en coherencia con nuestra demanda previa de transparencia pública en otros sectores, que las plataformas no solo informen resultados agregados sino que brinden datos verificables y auditables para que la sociedad pueda evaluar riesgos y responsabilidades.
En suma, la demanda de la CFA pone en la mesa algo que venimos reclamando: los gigantes digitales deben rendir cuentas con datos concretos. Mientras tanto, los usuarios necesitan mejores herramientas de prevención y los gobiernos, reglas claras que obliguen a la transparencia y a la reparación cuando la protección falla.
